San Juan (Puerto Rico).- La Cámara de Representantes aprobó este jueves una medida de administración que propone establecer una contribución especial en el Código de Incentivos de Puerto Rico sobre los ingresos de intereses, dividendos y ganancias de capital a largo plazo.
El representante Eddie Charbonier Chinea, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, explicó que al añadir esta sección, la legislación busca nivelar las oportunidades entre residentes locales y aquellos beneficiados por incentivos contributivos bajo leyes anteriores, como la Ley 60-2019.
Según el legislador, el Proyecto de la Cámara 501 corregiría una inequidad percibida en el tratamiento contributivo entre los residentes históricos de Puerto Rico y los individuos residentes inversionistas acogidos a decretos bajo la Ley 60 o la Ley 22-2012.
“Desde la óptica económica, la medida transforma un beneficio exclusivo en una opción universal, lo que puede ampliar el universo de agentes económicos que se benefician de un entorno fiscal competitivo sin eliminar los mecanismos de incentivos existentes que han sido útiles para atraer capital foráneo”, afirmó Charbonier Chinea en el informe positivo del proyecto.
Comentó que la pieza crearía un incentivo estructural para la repatriación de capital, la atracción y retención de residentes económicamente activos, así como la promoción de inversión local. No obstante, señaló que su implementación requiere precisión en definiciones clave y la regla para determinar la porción de ganancia considerada de fuente de Puerto Rico.
Charbonier Chinea destacó la necesidad de claridad en las normas de retención, reporte y documentación “para prevenir abusos y planificaciones fiscales agresivas que puedan erosionar la base contributiva sin generar actividad económica real”.
El informe de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) concluyó que el proyecto podría implicar una reducción en los recaudos del Fondo General de aproximadamente 132.3 millones de dólares durante el 2026, con proyecciones entre $134.8 millones y $141.2 millones para el período 2027-2030.
Asimismo, advirtió que su estimado no incorpora efectos dinámicos que podrían atenuar el impacto fiscal tras identificar limitaciones de datos, la “volatilidad inherente” a ingresos por intereses y la necesidad de mayor granularidad para distinguir ingresos de fuentes de Puerto Rico.
En un memorial explicativo, el Departamento de Hacienda instó a considerar la propuesta legislativa en conjunto con el Proyecto de la Cámara 505, ahora Ley 38-2026, que aumentó a 4% la tasa contributiva sobre las ganancias netas de capital, intereses y dividendos para futuros individuos residentes inversionistas.
Un reporte de la OPAL determinó que Ley 38 pudiera generar un aumento en ingresos al Fondo General de hasta $60.6 millones para el año fiscal 2027 por nuevos decretos, por lo que generaría los recaudos suficientes para cumplir con el requerimiento de neutralidad fiscal.
La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) también destacó en sus comentarios que la contribución especial es voluntaria y sustituiría otras cargas, lo que permitiría mantener un equilibrio entre incentivo y responsabilidad fiscal.
Además, mencionó que la medida puede aumentar el cumplimiento voluntario y reducir la evasión, al ofrecer un mecanismo “atractivo y simplificado” para tributar ingresos pasivos que, de otra forma, pueden quedar sujetos a planificación fiscal agresiva.
Por otro lado, el cuerpo legislativo avaló el Proyecto de la Cámara 883, que busca restituir la licencia de vacaciones a 2.5 días mensuales para los empleados del sector de salud pública con el propósito de mitigar las preocupaciones de agotamiento profesional que afectan a estos trabajadores.
La medida del representante Gabriel Rodríguez Aguiló, declararía a estos empleados exentos de las disposiciones de la Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal (Ley 26-2017) que redujeron la acumulación en la licencia de vacaciones a 1.25 días mensuales.
El proyecto fue presentado por petición de la Unión General de Trabajadores (UGT), cuyo presidente Edwin Méndez destacó que impactaría positivamente a unos 3.600 empleados, alineándose con la política pública de la Ley 101-2022 que declaró la salud como un servicio esencial protegido contra “medidas de austeridad extremas”.
