San Juan (Puerto Rico).- La Comisión de Recursos Naturales, que preside la representante Elinette González Aguayo, comenzó este jueves la evaluación del Proyecto de la Cámara 1079, que moderniza las disposiciones y delimita las facultades de la Junta de Planificación (JP) con respecto a la “Ley para la Protección y Conservación de la Fisiografía Cársica de Puerto Rico” (Ley 292-1999).
La pieza, de la autoría del presidente cameral Carlos “Johnny” Méndez Núñez, clarifica el alcance de esta ley con respecto a los derechos constitucionales sobre el disfrute de la propiedad privada dentro de esta zona creando así “el balance necesario para poder proteger los recursos naturales sin que esa conservación sea usada como pretexto para detener el desarrollo que es necesario para garantizar una mejor calidad de vida para nuestra gente”.
El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), dio su apoyo a la medida mediante un memorial firmado por el secretario Waldemar Quiles Pérez, a la vez que recomendó enmiendas de modo que “cualquier esquema de implantación que se adopte preserve la jurisdicción y permita la discreción técnica del DRNA en aquellas determinaciones que requieran evaluación científica especializada sobre los recursos naturales presentes en la región cársica”.
“El DRNA reconoce el valor ecológico de la región cársica y la importancia de asegurar su protección y uso sostenible para beneficio de Puerto Rico. A su vez, reconoce los esfuerzos del Proyecto de la Cámara 1079 por actualizar y armonizar la política pública aplicable, promoviendo un balance adecuado entre la conservación ambiental y el desarrollo responsable”, manifestó Quiles Pérez.
Destacó que “cualquier revisión el régimen jurídico vigente debe preservar la jurisdicción que la ley le confiere al DRNA y permitir la discreción técnica en la evaluación, manejo y conservación de los recursos naturales”.
El DRNA entendió meritorio “que toda revisión legislativa relacionada con la región cársica tome en consideración, principalmente la conservación de los recursos naturales y lo armonice con la necesidad de promover mecanismos claros y uniformes de planificación, evaluación y utilización responsables del terreno”.
Sugirió que para asegurar consistencia en la implantación de esta propuesta es necesario revisar las referencias contenidas en el Artículo 5 del proyecto en cuanto al término de “secretario” relacionado con las actuaciones que corresponden a dependencias adscritas al DRNA. Esto incluye, la coordinación de estudios relacionados con la identificación y delimitación de áreas de alto valor geológicos, hidrológicos y ecosistémicos dentro de la región cársica.
Por su parte, Héctor Morales Martínez, presidente de la Junta de Planificación (JP), al apoyar el proyecto comentó que la propuesta tiene el fin principal “de limitar el alcance del poder que tiene el DRNA y aclarar el poder de zonificar de la Junta de Planificación. Por lo tanto, propone modernizar la citada Ley 292 para establecer con claridad el rol de la JP en esta política pública y busca requerir que se tome en consideración el uso de la zona cársica como parte del desarrollo de Puerto Rico”.
“Resulta incongruente que la agencia que determine el uso de la zona del Carso no sea la JP, siendo esta la llamada a establecer las políticas públicas de usos de suelos en la isla para su mejor aprovechamiento, y que recaiga en una agencia cuya autoridad está instruida para la protección y vigilancia de los recursos naturales”, opinó Morales.
“Preservar, sin más, sin tener contexto y provocando que algunas personas puedan interpretar, incluso, que esta disposición se puede usar para detener el desarrollo de manera irrazonable, en detrimento de la calidad de vida de aquellos a quienes representamos”, fue rechazada por el deponente.
“La expectativa de que vamos a destruir un recurso yo creo que es exagerada. No se va a destruir la protección que tiene el Carso y lo vamos a hacer con responsabilidad y de acuerdo con la política pública que establezca la Legislatura y el Gobierno de Puerto Rico”, comentó el presidente de la JP.
Entretanto, Abel Vale Nieves, presidente de la organización Ciudadanos del Karso (CDK) junto a Julio Rodríguez Planell, presidente de la Sociedad Espeleológica de Puerto Rico (SERPRI) y el abogado ambiental Lcdo. Pedro Saadé Lloréns, se mostraron en contra de la pieza al opinar que reduce “la protección efectiva”, de la Ley 292.
Vale Nieves indicó que, “el proyecto no deroga expresamente ni la Ley 292, ni el reglamento vigente que emana de dicha Ley. Nuestra objeción no depende de afirmar tal derogación: la alteración conjunta de la política pública, la definición territorial, las competencias institucionales y las reglas aplicables a los permisos reducen la protección efectiva aun cuando subsista el nombre de la Ley 292”.
En tanto, Saadé Lloréns indicó que la propuesta tiene “el objetivo fundamental de abrir las puertas a todo tipo de desarrollo sin control en la zona del Carso; eso va a causar un daño tremendo y nosotros exhortamos, imploramos a esta comisión que no apruebe el proyecto por el daño que va a haber”.
