Washington.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió una regla final que revoca la regulación promulgada en 2022 durante la era del presidente Joe Biden, relacionada con las determinaciones de carga pública, haciendo la ley de inmigración aún más cónsona con la intención del Congreso de que los extranjeros en Estados Unidos deben ser autosuficientes y no depender de los beneficios gubernamentales financiados por los contribuyentes.
Bajo la ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), una persona que solicite una visa, admisión o ajuste de estatus es inadmisible a Estados Unidos si se considera probable que en algún momento se convierta en una carga pública.
La regulación ahora rescindida, promulgada durante la era Biden, restringía qué beneficios públicos DHS podía considerar, lo que limitaba la capacidad de los oficiales para revisar todos los factores relevantes tal y como pretendía el Congreso. Con esta regla final, los funcionarios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) tienen la facultad de evaluar todos los hechos pertinentes caso por caso para cada solicitante.
«La administración Trump está defendiendo el estado de derecho y protegiendo a los contribuyentes estadounidenses de tener que subvencionar a extranjeros que pueden llegar a depender de beneficios públicos. USCIS está comprometido a salvaguardar la seguridad, protección y bienestar financiero de los estadounidenses», dijo el portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, Zach Kahler.
La regla entrará en vigor el 18 de septiembre de 2026.
El USCIS publicará una versión revisada del Formulario I-485, Solicitud para Registrar Residencia Permanente o Ajustar Estatus.
Señaló que no se aceptarán versiones anteriores del Formulario I-485 mataselladas o presentadas electrónicamente en o después de la fecha de entrada en vigor de la regla.
