Santo Domingo (República Dominicana).- El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso 18 meses de prisión preventiva en contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, y el empresario José Gómez Canaán (Jochi), detenidos el 2 de octubre durante la Operación Camaleón.
Beras y Gómez Canaán, propietario de las empresas Transcore Latam y de Aurix, fueron enviados a la cárcel de Najayo-Hombres, en San Cristóbal.
El tribunal dictó también 18 meses de prisión a Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant.
En tanto, a Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, director de Tecnología del Intrant, le dictó arresto domiciliario
Mientras que a Frank Díaz Warden, coordinador de Despacho y representante de Hugo Beras ante el Comité de Compras del Intrant; y Carlos José Peguero Vargas, impuso garantía económica, impedimento de salida del país y presentación periódica.
El Ministerio Público imputa a los señalados de pertenecer a una red de corrupción y crimen organizado dedicada al desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica y robo de identidad.
Durante la Operación Camaleón se allanaron residencias y empresas en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana. En este operativo participaron, aproximadamente, 170 efectivos de la Policía Nacional, Unidades Especiales y más de 30 fiscales especializados contra el crimen organizado, según el Ministerio Público.
En los allanamientos se ocuparon cientos de evidencias que confirman las imputaciones del Ministerio Público. Por esta razón, El órgano persecutor ha calificado la Operación Camaleón como una de las “Más exitosas” contra el crimen organizado.
Los representantes del Ministerio Público revelaron que cuentan con el contrato fraudulento para la modernización del sistema de semaforización del Gran Santo Domingo, el contrato ilegal con el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix, utilizado para usurpar funciones de organismos de inteligencia, seguridad y defensa del Estado, así como, con evidencia sobre el sabotaje en contra de la red semafórica en el mes de agosto, temas que son objetos de la imputación.
