Santo Domingo (República Dominicana).- El colectivo Dominicanos por Derecho denunció que nueve años después de emitida la «fatídica sentencia» 168-13 del Tribunal Constitucional, el Estado dominicano continúa y agudiza los procesos de segregación y desnacionalización de más de 90 mil hombres y mujeres nacidos en la República Dominicana.
La organización que acompaña a los afectados por el fallo, denunció que el Estado «ha incumplido el compromiso asumido con la Ley 169-14 de enfrentar los problemas causados por la TC 168-13. A pesar de las promesas de solución en su programa de gobierno, las actuales autoridades han recrudecido la lógica de acoso y discriminación de nacionales por el origen migrantes de sus padres, en detrimento de miles de familias y comunidades de por sí afectadas por la pobreza y la exclusión social».
El colectivo Dominicanos por Derecho señaló que hace dos años el Ministerio de Interior y Policía cerró abruptamente la oficina a cargo de la implementación de la Ley 169-14, dejando nuevamente en el limbo a los 7 mil 948 dominicanos/as que participaron en el proceso de Registro Especial para la Naturalización y se les entregó una documentación provisional, documentos que actualmente están vencidos y no tienen ninguna respuesta de las autoridades sobre los mecanismos de acreditación de su nacionalidad.
Refirió que Interior y Policía también hace caso omiso a los dos decretos presidenciales: 262-20 del expresidente Danilo Medina y 297-21 del actual mandatario Luis Abinader, que concedieron la nacionalidad por naturalización especial a 799 personas, ya que no ha notificado ni permitido que los beneficiarios completen el procedimiento para obtener los documentos que acrediten su nacionalidad.
“Las detenciones arbitrarias mantienen en zozobra a barrios y bateyes de todo el país. El gobierno criminaliza a ciudadanos por su color de piel, origen familiar y los problemas de documentación que el Estado ha creado, lo que vulnera el derecho al libre tránsito y limita las oportunidades de progreso. En lo que va de año se han reportado más de 800 intentos de expulsión de dominican@s de su propio país”, denunció el colectivo.
Afirmó que en los últimos dos años se ha agravado la situación de dominicanos que viven en comunidades rurales y urbanas marginales, debido a su condición de indocumentación y reveló que las «autoridades realizaron detenciones arbitrarias y más de 800 intentos de expulsión de ciudadanos nacionales en este país».
“Reiteramos el llamado al presidente Luis Abinader a retomar los espacios de trabajo, escuchar las voces de las y los dominicanos afectados por la negación de sus documentos y falta de acreditación de su nacionalidad, le invitamos a conocer la realidad de sus comunidades y avanzar en el diseño de políticas públicas para enfrentar la inseguridad, la discriminación y desigualdad en la que viven”, expresó el colectivo Dominicanos por Derecho.
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