San Juan (Puerto Rico).- La Comisión de Salud, presidida por el representante Gabriel Rodríguez Aguiló, atendió hoy una pieza legislativa que persigue delegar a la Administración de Seguros de Salud (ASES), la creación de un sistema de tarifas de compensación mínima para los proveedores dentro del Plan de Salud Gubernamental, conocido como “Plan Vital”.
El Proyecto de la Cámara 2, de la autoría de Rodríguez Aguiló y el presidente cameral Carlos “Johnny” Méndez Núñez, incluye establecer un cargo mínimo en áreas consideradas “críticas”, como la dispensación de medicamentos (dispensing fee), servicios de laboratorio y dispositivos médicos.
La ASES reconoció la importancia de establecer parámetros para la compensación de los proveedores, pero la directora ejecutiva interina, Lymari Colón, indicó en una ponencia que la propuesta debe ser evaluada conforme a las regulaciones federales de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, en inglés), así como los principios actuariales que rigen el Plan Vital.
“La fijación de tarifas mínimas debe considerar las regulaciones de CMS y basarse en estudios de costos que reflejen la realidad del mercado para evitar distorsiones en la competencia y garantizar la viabilidad económica del programa”, expresó por su lado Geovanny Maysonet, director legal de la agencia.
Sin embargo, el representante Rodríguez Aguiló destacó la necesidad de adoptar esta política pública para asegurar la disponibilidad de proveedores en Puerto Rico, y adelantó que la comisión cameral realizará cambios al proyecto para ajustar el lenguaje a la disponibilidad de los fondos de CMS hasta el 2027.
De su lado, el Departamento de Salud opinó que las tarifas mínimas podrían incentivar una mayor participación de proveedores.
Sin embargo, el secretario de Salud, Víctor Ramos, dijo en un memorial explicativo que si los fondos disponibles no pueden sostener estos aumentos, podría resultar en restricciones de acceso o una reducción de servicios.
“El límite en el financiamiento federal implica que cualquier aumento en compensación a proveedores debe ser absorbido por el gobierno local. El éxito del proyecto dependerá de su viabilidad dentro del marco legal y financiero de Medicaid en Puerto Rico”, expresó Ramos.
Mientras, la directora ejecutiva de la Asociación de Farmacias de la Comunidad, Linda Ayala, apoyó el proyecto de ley, pero sugirió que sea enmendado para que la ASES tenga que revisar las tarifas mínimas anualmente para que sean adaptadas a los cambios en el mercado.
Ayala recomendó que se disponga en la medida que este cargo mínimo nunca será menor al establecido en periodos anteriores. “Así, mientras velamos por la costo-efectividad de los servicios de salud, garantizamos la disponibilidad y el acceso a estos servicios por parte de los beneficiarios del Plan Vital”.
