San Juan (Puerto Rico).- La presidenta de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND), Hilda Torres Guzmán, dio un ultimátum a la Universidad de Puerto Rico, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), La Fortaleza y a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para que se acabe de establecer el convenio colectivo y se viabilice el Plan de clasificación y retribución, previo a la puesta en vigor del voto de huelga.
Torres Guzmán declaró que las autoridades llevan dos años y medio dilatando la puesta en vigor del convenio 2024-2027- que fue negociado, aprobado y firmado por las partes- afectando a miles de trabajadores universitarios cuyos beneficios económicos no alcanzan para asumir el costo de vida actual ni se atemperan a las enmiendas de leyes laborales.
«Queremos decirle a la UPR, a la Fortaleza y a la Junta que ya la matrícula de la Hermandad se cansó. Aprobamos un voto de huelga por abrumadora mayoría en la asamblea del pasado 25 de septiembre y no queremos implantarlo, pero nos están dejando sin alternativas», expresó la dirigente sindical.
Agregó que «nosotros no tenemos porqué pagar la incompetencia de estas autoridades, que dilatan innecesariamente la implantación de nuestro contrato, llamado convenio colectivo, que no ha sido puesto en vigor por la falta de fondos, sino por la falta de compromiso e incumplimiento de la administración universitaria y de la Oficina de Gerencia de Presupuesto».
La presidenta de la HEEND manifestó que «es inconcebible que la UPR y la Junta se estén pasando la papa caliente de carta en carta, cuando el convenio colectivo fue aprobado en mayo de 2024 y, para muestra de su irresponsabilidad, este vence en mayo próximo sin haber sido implantado. Se supone que ya estemos negociando el siguiente del 2027 al 2030».
Dijo que ahora la Junta de Supervisión Fiscal, en su más reciente comunicación, condiciona su aprobación del convenio a la del plan, el cual es posterior a la firma del convenio. Además, requiere que sea la Universidad de Puerto Rico quien identifique fondos propios para ambos compromisos fiscales pese a todos los recortes que han efectuado.
«Bajo la ley Promesa, la Junta prohibió al gobierno negociar aumentos salariales hasta que se actualizaran los planes de clasificación, con el compromiso de que ella asignaría los recursos fiscales para viabilizarlos. Por el contrario, a nuestra Universidad la han sometido a unos recortes draconianos que amenazan su operación, y ahora también la quieren obligar a que separe más de $60 millones de su presupuesto precarizado para el nuevo plan. Eso es un crimen contra la institución y contra el país», precisó Torres Guzmán.
Señaló que en la más reciente misiva de la UPR enviada a la Junta el pasado viernes, la administración universitaria establece que actualmente no asigna fondos al Plan de clasificación y retribución, pero que en la certificación de impacto presupuestario enviada ese día sí se cuantifican los recursos necesarios para el convenio.
«Exigimos que se viabilice el Plan para hacerle justicia salarial a los trabajadores y trabajadoras de la Universidad, y que se reconozca de una vez y por todas, el convenio de 2024-2027 firmado por ambas partes. Eso es urgente e imprescindible para poder comenzar a negociar el nuevo convenio correspondiente al período de los años 2027 al 2030», sostuvo la presidenta de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes.
Declaró que la HEEND está compuesta por trabajadoras y trabajadores de todos los partidos e ideologías, incluyendo a los que se identifican con el gobierno actual, que también sufren por igual esas injusticias. «En los puestos ejecutivos y de confianza en la gerencia universitaria y en el gobierno y, por supuesto, en la Junta de Control Fiscal hay personas cobrando enormes salarios y beneficios, a quienes no les preocupa pisotear ni menoscabar los derechos del pueblo trabajador».
