San Juan (Puerto Rico).- La Cámara de Representantes aprobó este jueves, con el aval de la mayoría parlamentaria, la legislación que propone una reforma al Poder Judicial para, entre otras modificaciones, eliminar la categoría de jueces municipales y centralizar las decisiones administrativas en el pleno del Tribunal Supremo.
El Proyecto del Senado 1096, que derogaría la Ley de la Judicatura vigente desde 2003, recibió 32 votos a favor luego de que la votación electrónica de la medida fuera pospuesta en la sesión legislativa del lunes. En cambio, obtuvo 15 votos en contra de las delegaciones de minoría, mientras que la portavoz de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz, respaldó la medida.
“Aquí sencillamente lo que se está haciendo es, en el ejercicio del poder constitucional de la Asamblea Legislativa, revisando y establecimiento lo que debe ser el funcionamiento del Poder Judicial conforme establece la propia Constitución”, puntualizó el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, durante el debate de la medida el lunes.
Entre múltiples cambios, la medida persigue establecer un modelo de coadministración entre los miembros del Tribunal Supremo y su juez presidente. Esta disposición fue rechazada por la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), cuyo administrador Sigfrido Steidel opinó en vista pública que “reduce sustancialmente” la autoridad del juez presidente a uno de ejecutor pasivo de la reglamentación del pleno.
En su turno a favor de la pieza, el presidente de la Comisión de lo Jurídico, José “Che” Pérez Cordero, opinó que la intención legislativa es “pasar del yo al nosotros”, otorgando facultades al pleno del Tribunal Supremo para adoptar la reglamentación de la administración de los tribunales. “No se le resta en ningún momento las facultades a la jueza presidenta de administrar la misma rama”.
Mientras, el portavoz del Partido Popular Democrático, Héctor Ferrer Santiago, manifestó que la propuesta “trastoca constitucionalmente el Tribunal Supremo de Puerto Rico”.
Su homóloga del Partido Independentista Puertorriqueño, la representante Adriana Gutiérrez Colón, también levantó objeciones constitucionales y planteó que el lenguaje propuesto en el proyecto obstaculizaría el acceso a la justicia.
Para el presidente Méndez Núñez, la Constitución de Puerto Rico “es clara” y establece que las reglas que adoptará el Tribunal Supremo serán aprobadas en el pleno y ejecutadas a través de la OAT.
La nueva estructura dispone que la Rama Judicial estará compuesta por los 11 miembros del Tribunal Supremo; el Tribunal de Apelaciones con 39 jueces operando en paneles de tres a siete miembros; y el Tribunal de Primera Instancia fijado en 338 jueces superiores, eliminando así la categoría de juez municipal.
Las enmiendas incorporadas en la Cámara, que fueron de carácter técnico en la redacción del proyecto, ahora pasarán a la consideración del Senado.
Por otra parte, la Cámara de Representantes también aprobó una legislación que ordena al Negociado de Energía a culminar en enero de 2027 la revisión del reglamento de interconexión para la generación distribuida en Puerto Rico, ante el riesgo de perder 1.300 millones de dólares en fondos federales.
La Resolución Conjunta del Senado 168, respaldada sin enmiendas, persigue priorizar la inclusión de microrredes para cumplir con las guías aprobadas en enero de 2025 del Programa para la Fiabilidad y la Resiliencia de la Energía Eléctrica (ER2).
“La medida parte de que el marco reglamentario existente no atiende de manera integral todos los escenarios de interconexión que han surgido como resultado de esa transformación. Particular atención reciben las microrredes, cuyo desarrollo requiere armonizar los procesos de interconexión con consideraciones técnicas, operacionales y regulatorias”, indicó el presidente de la Comisión de Gobierno, Víctor Parés Otero, en el informe positivo de la medida.
Según las normas del proyecto, que forma parte de los fondos de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación ante Desastres (CDBG-DR), la interconexión de estos sistemas con la red eléctrica es indispensable para cumplir los propósitos del programa de servir a comunidades de bajos a moderados recursos.
Entre los proyectos primordiales a desarrollarse también está la microrred del Centro Médico, cuyo subrecipiente es el Municipio de San luan, y que tiene como propósito garantizar la continuidad del servicio eléctrico en la principal institución de salud de Puerto Rico.
Por otro lado, el pleno respaldó el Proyecto de la Cámara 922, de la autoría de la representante Wanda del Valle Correa, a los fines de ordenar la creación de un currículo que ofrezca los miembros de la Policía de Puerto Rico un adiestramiento holístico sobre la violencia doméstica.
