San Juan (Puerto Rico).- El gobernador de Puerto Rico, Pedro, R. Pierluisi, anunció hoy una serie de ajustes salariales significativos como parte del esfuerzo para modernizar y hacer competitivas las remuneraciones del Gobierno Central.
Esta medida beneficiará directamente a más de 1,500 empleados del Departamento de la Familia y establecerá nuevas estructuras de compensación para roles clave en el servicio público.
«Estas mejoras salariales no solo reconocen el esfuerzo y la dedicación de nuestros servidores públicos, sino que también refuerzan nuestra capacidad para atraer y retener talento de alta calidad en el gobierno. Tras casi dos años de trabajo conjunto con la Junta de Supervisión y Administración Financiera, seguimos avanzando en nuestra misión de transformar el servicio público en Puerto Rico», destacó el primer ejecutivo.
El gobernador explicó que el costo anual de esta iniciativa asciende a $7.6 millones. «Los empleados actuales serán ubicados en el 90% del punto medio de la nueva escala salarial, mientras que las nuevas contrataciones iniciarán en el nivel mínimo de la escala.
Este ajuste, que será retroactivo al 1 de julio de 2024, incluye revisiones a 55 categorías laborales exclusivas del Departamento de la Familia, asegurando que las compensaciones estén alineadas con las responsabilidades y niveles jerárquicos de cada puesto», añadió Pierluisi.
Además, se establecerán escalas salariales para siete nuevas clases de empleo de otras agencias y se ajustarán las escalas de tres clases existentes dentro del Plan Uniforme de Clasificación y Remuneración.
Por su parte, la directora de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH), Zahira Maldonado Molina, enfatizó que «el plan de clasificación y retribución es dinámico, lo que nos permite mantenernos al día con las tendencias salariales actuales.
Estos cambios son esenciales para asegurar que nuestras estructuras reflejen tanto las responsabilidades de los roles como las tasas competitivas del mercado.
Es un paso crucial hacia la modernización y la eficiencia del servicio público en Puerto Rico. Los ajustes están respaldados por la «Carta Normativa No. 2-2024″, que garantiza una implementación ordenada y estratégica de esta reforma».
El aumento salarial se realizó luego de una exhaustiva revisión, comparando los salarios actuales con la mediana del mercado.
Además, la Junta de Supervisión y Administración Financiera participó activamente en la evaluación de las posiciones, revisando que las escalas salariales fueran competitivas y adecuadas a las responsabilidades de cada puesto y aprobando dicha implementación.
Por otro lado, la secretaria del Departamento de la Familia, Ciení Rodríguez, añadió que, «estos ajustes salariales representan un reconocimiento al compromiso y dedicación de nuestros empleados. Estamos enfocados en crear un ambiente laboral que valore y retenga a los mejores profesionales, fortaleciendo así los servicios que ofrecemos a las familias de Puerto Rico. Este esfuerzo busca mejorar las condiciones laborales, optimizar los servicios y garantizar la motivación de los empleados».
La secretaria explicó que entre las posiciones clave que recibirán un aumento salarial se encuentran aquellas que tienen un impacto directo en la comunidad, tales como los Técnicos de Servicios Sociales, quienes son esenciales para brindar apoyo a las familias en situaciones vulnerables; los coordinadores, especialistas y supervisores de diversas áreas, que desempeñan un rol crucial en el bienestar de las familias; y los directores y subdirectores de diversos servicios, quienes lideran equipos que brindan cuidados a menores y adultos en situación de riesgo.
Asimismo, las posiciones que asumieron mayores responsabilidades fueron ajustadas para asegurar una compensación adecuada, lo que también refleja un esfuerzo por fortalecer la estructura jerárquica interna del Departamento.
Estos cambios están alineados con la necesidad de mantener y atraer talento en puestos clave, particularmente aquellos que requieren experiencia significativa y que son fundamentales para el éxito de los programas sociales en Puerto Rico.
Estas iniciativas forman parte de un esfuerzo más amplio de modernización gubernamental que busca optimizar las operaciones y servicios públicos.
La iniciativa se alinea con las metas del Plan Fiscal vigente, asegurando que las decisiones salariales sean sostenibles y estratégicas para las necesidades actuales y futuras de Puerto Rico.
