Redacción (RT.com).- El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia sentenció al expresidente de ese país Gonzalo Sánchez de Lozada a seis años y tres meses de prisión en el caso denominado ‘Petrocontratos’, en el que se le juzgó por la aprobación de contratos petroleros sin aval del Legislativo.
Además del exmandatario, fueron condenados, a cinco años de cárcel, los exministros Jorge Joaquín Berindoague Alcocer y Carlos Alberto Contreras del Solar, así como el exviceministro Carlos Alberto López Quiroga, informó la Procuraduría General del Estado (PGE).
De acuerdo con la PGE, todos fueron juzgados «por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica«. La pena deberá cumplirse en el Centro Penitenciario San Pedro de Chonchocoro de La Paz; además de la condena a prisión, se les inhabilitó por el mismo tiempo para el ejercicio de cargos públicos y se le impuso el pago de «multas y costas» a favor del Estado.
El proceso judicial se realizó en ausencia de los acusados, quienes fueron declarados rebeldes. Actualmente, Sánchez de Lozada, quien tiene 94 años, vive en EE.UU.
La PGE explicó que la denuncia se presentó hace casi 20 años. Al gobierno de Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) se le acusa de no haber remitido al Legislativo al menos 107 contratos con petroleras extranjeras para su respectivo análisis y aprobación, como lo determinaba la normativa legal vigente en su momento, detalla la PGE. Estos acuerdos de exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos no fueron beneficiosos para el Estado.
Gobierno celebra fallo
«La sentencia (…) representa un mensaje contundente de la Justicia boliviana: no habrá impunidad para quienes atenten contra nuestra soberanía, intereses, patrimonio y recursos naturales, que son de propiedad indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano», escribió en su cuenta en X el actual presidente de Bolivia, Luis Arce.
Agregó que «se hizo justicia» y con esto «se sienta un precedente muy importante» respecto a los recursos naturales de Bolivia y «su administración en función al interés colectivo».
De igual forma, el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, César Siles, dijo que celebran esta sentencia, que calificó de «histórica».
Desde la cartera de Estado que dirige Siles emitieron un comunicado en el que indican que la condena «no solo constituye un acto de justicia esperado y ansiado por tanto tiempo», sino que «también habilita la posibilidad de iniciar el proceso de extradición de los sentenciados, considerando la naturaleza imprescriptible de los delitos de corrupción».
El Gobierno boliviano ha pedido previamente la extradición del exmandatario, pero EE.UU. no la ha aprobado.
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