Por José Alejandro Vargas
Nuestra condición de ciudadanos nos exige vivir bajo el imperio de la Constitución y entenderla no simplemente como un instrumento político que organiza los poderes públicos o distribuye determinadas competencias, sino como norma de normas que limita y orienta las actuaciones de todos, gobernantes y gobernados.
El concierto nacional de voluntades, expresado en la aceptación de límites, en el ejercicio responsable de los derechos y en el cumplimiento estricto de los deberes impuestos por la vida en sociedad, no constituye una opción voluntaria, sino una exigencia inexcusable del ordenamiento jurídico, porque este ha convertido la dignidad humana en su eje, su finalidad, su objeto y su propósito.
De esta manera, los derechos fundamentales se presentan como límites al poder público y como garantías para la protección de las personas, no como concesiones graciosas de la autoridad, sino como posiciones jurídicas de naturaleza bidimensional.
De un lado, cabe exigirle al Estado que sus actuaciones no sean arbitrarias ni lesivas de los derechos, así como que adopte las medidas necesarias para garantizar su ejercicio efectivo.
De otro, la sola existencia de los derechos fundamentales determina la existencia de un orden de responsabilidad que condiciona la validez de la conducta de todos, como expresamente lo dispone el artículo 75 de la Carta Sustantiva.
Este puede ser, sin dudas, uno de los artículos menos citados del texto constitucional, cuya vigencia ha dependido, precisamente, del cumplimiento del deber ciudadano, familiar y social, así como del sacrificio de incontables hombres y mujeres cuyo esfuerzo nos legó la libertad.
Derechos y deberes fundamentales se concretizan en el debido proceso como exigencia de la actuación estatal, en la independencia judicial, en el control del poder, en la atribución de las responsabilidades que incumben a funcionarios y ciudadanos, en la aplicación igualitaria de la ley y en la execración de cualquier privilegio.
Como resultado, vivir en Constitución supone sostener una cultura constitucional y de responsabilidad compartida, que reconozca en la Constitución un límite a los intereses particulares y la convierta en un instrumento efectivo y eficaz para la transformación de la realidad social.
La conmemoración del 182.º aniversario de nuestra Carta Sustantiva nos recuerda que la Constitución no es un instrumento exclusivo de juristas, gobernantes o tribunales, sino el compendio del pacto jurídico-político que protege y sostiene nuestra libertad y nuestra democracia.
De manera que todos, el Estado, las autoridades y los ciudadanos, tenemos el deber de hacer la Constitución, esto es, de vivir y comportarnos desde la aceptación, el respeto y la defensa de los valores y principios que en ella se contienen.
En nuestro Estado social y democrático de derecho, a las autoridades les incumbe el deber de obedecer la Constitución; a los jueces, el de garantizar su aplicación como norma suprema; y a los ciudadanos, a todos, el de contribuir a su íntegro sostenimiento.
Como puede advertirse fácilmente, no se trata de que un texto político contenga más o menos derechos, ni de que estos se encuentren perfectamente descritos en la norma: el éxito nacional consistirá en incrementar nuestra capacidad para aplicar la Constitución, preservar la fidelidad a sus mandatos y garantizar el cumplimiento de sus propósitos.
El imperio de la Constitución comienza y florece cuando los poderes públicos admiten su supremacía y asumen el compromiso de cumplirla, aun cuando sus mandatos contraríen la conveniencia personal o sectorial.
Esa es la vía para que los ciudadanos comprendan que sus derechos no dependen del capricho de los gobernantes y que el cumplimiento de sus deberes constituye la fuerza moral y jurídica que nos permite reclamar el sometimiento de todos al Derecho.
Recordamos hoy que nadie está por encima de la Constitución.
Que nadie debe invocarla de manera selectiva ni intentar aprovecharse de ella, porque ese es un camino que, si bien algunos han recorrido, tarde o temprano han pagado acremente su osadía.
El Día de la Constitución nos recuerda que su proyección sobre las restantes normas del ordenamiento jurídico debe traducirse en procedimientos eficaces, políticas públicas exitosas, leyes adecuadas y estables e instituciones fuertes.
vargasjuez@hotmail.com
(El autor es juez del Tribunal Constitucional, residente en Santo Domingo, República Dominicana).
