Por Sandra Rodríguez Cotto
San Juan (Puerto Rico).- Una pensaría que para 2026 hay límites que ningún gobierno en una supuesta democracia se atrevería a cruzar. Pero no es así. Todos los días vivimos una sorpresa distinta. Y lo que acaba de anunciar el Pentágono al confirmar que va a transmitir en vivo y en directo la ejecución por fusilamiento de Nidal Hasan —el primer militar en ser ejecutado de esta forma desde la Segunda Guerra Mundial— no es otra cosa que un acto de barbarie.
Aunque el presidente Donald Trump parece que pisó el freno, y ayer dijo que tomará la decisión final de televisar en vivo o no la ejecución de Hasan, como quiera es aberrante. Hay que llamarlo por su nombre, sin paños tibios. Es un asesinato de Estado, televisado.
Que no venga nadie ahora a tuitear o a decir en las redes sociales que uno está defendiendo a Hasan. ¡Por favor! Nadie está cuestionando los horribles crímenes que cometió ni su culpa. El punto no es ese. El punto aquí es la perversión de un gobierno que decide usar las pantallas, los medios y la tecnología para obligar a toda una sociedad a presenciar la muerte en tiempo real.
Habrá quien salga con el argumento trillado de que «todos los días matan gente en la calle» o que «eso es lo que se ve en las películas y en los noticieros». Pero no nos equivoquemos: no es lo mismo. Una cosa es la violencia del narcotráfico o la ficción cinematográfica, y otra muy distinta es ver al gobierno de los Estados Unidos utilizar la televisión y las redes como un instrumento de propaganda del terror. Esto no es justicia; esto es exhibicionismo punitivo. Es volver a la época oscura de los linchamientos públicos, a las plazas medievales donde se decapitaba gente para que el pueblo cogiera miedo.
Lo que es peor es que esto no ocurre en el vacío. Se da bajo un clima político donde a las agencias federales como ICE se les ha dado mano libre para actuar con impunidad, infundiendo pánico en las comunidades vulnerables como hemos visto contra los dominicanos, haitianos, mexicanos y cualquier inmigrante. Es la cultura del sometimiento a través de la fuerza desmedida.
Para nosotros los puertorriqueños, esto tiene que darnos un escalofrío en la espina dorsal. En Puerto Rico, la Constitución prohíbe taxativamente la pena de muerte. Nuestro marco ético y jurídico rechaza el asesinato del Estado. Sin embargo, por nuestra condición colonial, nos meten esa violencia por los ojos. Nos obligan a consumir la degradación moral de un sistema federal que impone su fuerza bárbara por encima de nuestros valores colectivos.
Y estoy segura de que veremos muchos en los medios que apoyarán esta barbarie, diciendo que los criminales no tienen contemplación con sus víctimas. Son los mismos que aplauden al CECOT, la megacárcel de Bukele en El Salvador, aunque tengan casi 10,000 confinados sin ir a juicio y que se sabe que más de 8,000 de esos son inocentes. Eso no es democracia. Es una dictadura. Que por cierto, ya están imitando en países como Costa Rica, Ecuador, Guatemala y Honduras. Sí, países donde el narco y la violencia controlan y los gobiernos no tienen cómo responder, entonces ceden al debido proceso de ley bajo el color de tener a la gente tranquila. Claro, tranquilo si eres rico, o tienes conexiones que te liberen de arresto y cárcel. Algo así ya se vive en Puerto Rico.
¿Y dónde están las iglesias denunciando esto? No escucho a los sacerdotes ni mucho menos a los pastores de la prosperidad ni allá en EE. UU. ni acá denunciándolo. Si lo han hecho, mis disculpas, pero es que no se oye.
Lo trágico es que ya nada nos debería sorprender. Esta aberración de ver ejecutar a otro ser humano es solo la consecuencia natural de una administración de Donald Trump que se ha dedicado a normalizar lo que antes creíamos imposible, ilegal o simplemente aberrante. Solo hay que mirar la lista de lo que han hecho sin que se les mueva un pelo.
Le dieron carta blanca a ICE para hacer redadas violentas en escuelas, iglesias y tribunales, violando los derechos humanos más elementales. Desplegaron tropas militares en suelo estadounidense para reprimir la protesta ciudadana, usando al ejército contra sus propios civiles. Disparan o explotan yolas en el Caribe y el Pacífico diciendo que son narcotraficantes, pero hasta ahora no han podido probar a ninguno ni han presentado fotos o nombres de los muertos. Lo que sí ha sucedido es que decenas de pescadores han hecho denuncias porque matan a sus compañeros.
No conforme con eso, el gobierno de Trump indulta a criminales de guerra y mercenarios que masacraron civiles inocentes, enviando el mensaje de que la violencia de Estado siempre queda impune. Llamaron abiertamente a ignorar a las cortes y a los jueces federales, destruyendo el estado de derecho e incitando al desacato institucional.
Y lo peor del gobierno ha sido que amenazó con bombardear e invadir unilateralmente a países vecinos bajo el pretexto del narcotráfico, pasando por encima del Congreso y del derecho internacional. Más que amenazar, ya lo hicieron en Irak, en Venezuela y a Cuba la están dejando sin vida.
Según los datos del portal del Ejército (U.S. Army) la ejecución de Nidal Hasan está programada para el 3 de diciembre de 2026 a la 1:00 p.m. (CST) en Fort Hood, Texas. Me pregunto, ¿y cómo lo proyectará el gobierno de Trump? A lo mejor dicen que esto ahorrará el gasto de mantener al criminal vivo en la cárcel. Quizás lo justifiquen diciendo que a los terroristas tienen que borrarlos de la faz de la Tierra. Imagino yo que el gobierno lo proyectará como una especie de mensaje o regalito de Navidad. Vaya regalo.
Que el Pentágono hoy pretenda vendernos un fusilamiento como si fuera un evento deportivo o un reality show no es una coincidencia: es una provocación calculada. Es el uso del poder mediático del Estado para meterle miedo a la gente y acostumbrarnos a la crueldad.
Nos están empujando a un abismo moral. Y si la sociedad se queda callada ante el espectáculo de la muerte televisada, habremos perdido lo último que nos queda como seres humanos: la dignidad.
