París (Francia).- Reporteros Sin Fronteras (RSF) señaló que aunque el Gobierno del guatemalteco Bernardo Arévalo, que este mes cumplió un año, ha adoptado un enfoque más abierto en comparación con administraciones anteriores, la continua criminalización de los periodistas y la persistente corrupción del poder judicial perpetúan el ambiente hostil para los medios de comunicación independientes.
“Reconocemos los progresos realizados por el gobierno del presidente Bernardo Arévalo en su primer año, especialmente en materia de fomento del diálogo y respeto de la libertad de prensa. Sin embargo, estos esfuerzos son insuficientes mientras persistan la criminalización y el acoso judicial a los periodistas», señaló RSF en un comunicado.
El caso de José Rubén Zamora es un recordatorio constante de los graves riesgos a los que se enfrentan los trabajadores de los medios de comunicación en Guatemala. El gobierno debe tomar medidas más enérgicas para desmantelar el aparato represivo heredado de administraciones anteriores y garantizar un entorno seguro en el que pueda florecer el periodismo independiente, agregó.
Artur Romeu, director de la Oficina para América Latina de RSF, recordó que el 14 de enero de 2025 se cumplió un año desde la toma de posesión del presidente Bernardo Arévalo, un periodo que comenzó con grandes esperanzas tras años de políticas represivas.
Durante su campaña, Arévalo prometió respetar los derechos humanos y desmantelar las estructuras autoritarias heredadas de administraciones anteriores. Sin embargo, a pesar de sus notables avances, como poner fin a la retórica gubernamental contra la prensa y abrir el país a evaluaciones internacionales, siguen existiendo retos clave, sobre todo a la hora de garantizar procesos judiciales justos y en la protección efectiva de los periodistas.
Al comienzo de su mandato, Arévalo puso en marcha medidas que mejoraron el panorama de los medios de comunicación. Se celebraron conferencias de prensa con mayor regularidad, se garantizó a los periodistas un acceso adecuado a los actos gubernamentales y se desbloquearon las cuentas institucionales en las redes sociales, facilitando el acceso a la información gubernamental.
Se autorizó una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con la participación del Relator Especial para la Libertad de Expresión, la primera de este tipo en Guatemala en ocho años. En noviembre de 2024, Arévalo cumplió su promesa de firmar la Declaración de Chapultepec, un acuerdo internacional que establece los principios clave para salvaguardar el periodismo independiente y proteger a los periodistas de la censura y la persecución.
Desde el inicio de su mandato, el Presidente Arévalo condenó públicamente la arbitrariedad del proceso contra José Rubén Zamora, lo calificó como un proceso jurídico injusto diseñado para convertir al periodista en un ejemplo de castigo por su labor informativa.
El presidente incluso se comprometió ante RSF que haría todo lo que estuviera en su mano para conseguir la liberación de Zamora. A principios de su gobierno, Arévalo introdujo medidas inmediatas para mejorar las condiciones de detención de Zamora. Aunque estos esfuerzos ayudaron a mejorar su situación, Zamora continuó enfrentándose a restricciones legales que limitaban su plena libertad. El 13 de enero, el Tribunal Supremo de Justicia aceptó la solicitud de amparo constitucional de Zamora, lo que significa que evitó ser enviado de nuevo a prisión, aunque permanecerá bajo arresto domiciliario hasta que concluyan los procedimientos judiciales en su contra.
Pese a las buenas noticias iniciales de la administración de Arévalo, los periodistas guatemaltecos siguen trabajando en un clima hostil. Entre enero y julio de 2024, la Red Rompe el Miedo Guatemala, un grupo de organizaciones internacionales y guatemaltecas unidas para proteger a los periodistas en el país, registró 34 agresiones contra periodistas. Las principales amenazas procedían de funcionarios públicos y fuerzas de seguridad, con agresiones que incluyen intimidación, amenazas y acoso legal. Estas agresiones han llevado a los periodistas a autocensurarse y han mermado la calidad de la información disponible para el público.
Aunque el presidente Arévalo prometió que no se perseguiría a las personas por sus opiniones, la fiscal general Consuelo Porras, incluida en la lista Engel de Estados Unidos, ha mantenido su sistemática criminalización de periodistas y defensores de los derechos humanos. Según Expediente Público, una revista de investigación en línea que cubre Centroamérica, once periodistas enfrentaron procesos judiciales en 2024.
Estos procesos tienen un efecto devastador sobre los periodistas y su trabajo. Por ejemplo, Juan Luis Font, director del medio digital ConCriterio, huyó del país en 2022 y ahora se ve obligado a informar desde el extranjero. Por su parte, el periodista del Diario La Hora, Diego España, que permanece en el país, ha sido objeto de dos investigaciones judiciales y de intentos de la Policía Nacional de acceder a sus datos personales sin justificación.
Implementar rápidamente la política de protección de los defensores de los derechos humanos, prestando especial atención a los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación. El gobierno debe garantizar que los periodistas, especialmente los que informan sobre temas sensibles, dispongan de sólidas medidas de protección para llevar a cabo su trabajo sin temor a represalias o violencia.
Frenar el abuso del sistema judicial que provoca la criminalización de periodistas con medidas que competen al poder ejecutivo. Casos como el de Jose Rubén Zamora ponen de manifiesto la urgente necesidad de prevenir el acoso judicial a periodistas y garantizar que el sistema judicial no se convierta en un arma para reprimir la libertad de prensa.
Promover públicamente la labor periodística en el país a través de campañas contra el discurso que estigmatiza a los medios, y políticas de apoyo al periodismo. Los funcionarios públicos deben reconocer el papel esencial del periodismo en la democracia y trabajar activamente para contrarrestar la retórica que desacredita o pone en peligro a los trabajadores de los medios de comunicación.
