Santo Domingo (República Dominicana).- El Partido Revolucionario Moderno requirió a la Junta Central Electoral (JCE), ordenar la suspensión de los procesos de compras y contrataciones que realiza el Plan Social de la Presidencia, adscrito a la Presidencia de la República, por valor de RD$946, millones 801 mil 288.50 pesos, según copias de varias comunicaciones del despacho de su directora Iris Guaba, a su división de compras.
El vocero del PRM en la JCE, Orlando Jorge Mera, adjuntó al organismo electoral copias de las comunicaciones del Plan Social de la Presidencia, que dirige Guaba, que el pasado 16 de enero publicó los procesos de compras y contrataciones para la adquisición de materiales de construcción por RD$66,296, 890.00.
Citó las del 17 de enero, para la adquisición de electrodomésticos y enseres del hogar por la suma de RD$380,504,398.50 y en fecha 29 de enero por RD$500,000,000.00 para adquisición de alimentos que serían donados, con un total superior a los más de 946 mil millones de pesos, arriba señalados
Al fundamentar su requerimiento el PRM cita el Párrafo IV, del Artículo 196, de la Ley 15-19, que establece: «Está prohibido durante los cuarenta (40) días anteriores a la fecha fijada para la celebración de los comicios municipales y sesenta (60) días anteriores a la fecha fijada para la celebración de los comicios presidenciales y congresuales, la realización de actos inaugurales de obras públicas por el gobierno central y las alcaldías».
Asimismo, el gobierno central, las entidades públicas descentralizadas y las alcaldías, se abstendrán de realizar programas de apoyo social o comunitario extraordinarios, advierte la ley.
«Es evidente que los referidos procesos de compras y contrataciones para donar electrodomésticos, enseres, materiales de construcción y alimentos que se propone ejecutar la Presidencia de la República violan el citado artículo 196, párrafo IV, de la Ley 15-19, ya que constituyen actos extraordinarios, con fines proselitistas, para comprar indirectamente la conciencia y el voto de dominicanos pobres», agregó.
Indicó que «por consiguiente, corresponde a esa Junta Central Electoral, en virtud de las facultades que la confiere el artículo 227 de la Ley 15-19, adoptar las medidas que correspondan para hacer cesar el uso indebido de fondos públicos por parte del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), particularmente mediante la suspensión inmediata de los señalados procesos de compras y contrataciones públicas».
«Cabe señalar que la señora Iris Antonia Guaba no puede alegar ignorancia de las prohibiciones que establece la Ley Electoral ni tampoco de los avisos públicos que en ese sentido ha hecho esa Junta Central Electoral. Por consiguiente, debe ese Órgano Electoral aplicar las sanciones administrativas que procedan en contra de la referida funcionaria del partido oficialista, según el artículo 278 de la Ley 15-19», planteó el PRM a la JCE.
La instancia fue elevada a la JCE, además de Jorge Mera, por Julio Peña, delegado suplente, y los abogados Antoliano Peralta, Sigmund Freund y Luis Soto.
Comentarios sobre post