Las Matas de Farfán (República Dominicana).- Un juzgado de la Instrucción impuso tres meses de prisión preventiva a un hombre imputado de incurrir en chantaje y extorsión digital contra otro, al que despojó de más de un millón de pesos, bajo la amenaza de que publicaría fotos y vídeos suyas en actividades íntimas.
Tras acoger la solicitud de la Fiscalía de Las Matas de Farfán, el juzgado de la Instrucción impuso la prisión preventiva a Víctor Alexander Amador, considerada una medida de coerción histórica para la región por ser la primera vez que se impone este tipo de medida en distritos judiciales de la zona por imputación de extorsión digital.
La víctima del chantaje entregó al procesado RD$1.351.238.00, a cambio de que este no difundiera el contenido audiovisual.
Sobre el caso, la Fiscalía de Las Matas de Farfán indicó que luego de una exhaustiva investigación, logró dar cumplimiento a una orden de arresto contra el imputado Víctor Alexander Amador, quien creó un perfil falso en la red social Facebook, con el nombre de Yomaira Betancourt, a través del cual inició las conversaciones con la víctima y luego lo estafó.
La fiscal Rossy Pérez, quien realiza las investigaciones bajo la dirección de la procuradora fiscal titular Marggie Viloria Caraballo, ha establecido en el proceso que el 6 de agosto del año 2022, el imputado inició conversaciones con el afectado por videollamadas, donde se mostraba una joven desnuda.
Luego, ambos intercambiaron números de WhatsApp y es en ese momento que el imputado incurre en el chantaje e indica inicialmente a la víctima que debe depositar la suma de 50 mil pesos dominicanos o haría públicas en las redes sociales las imágenes con las que supuestamente habría intentado relacionarse con un menor de edad.
Fruto de estas acciones, la víctima llegó a realizar 11 transacciones en diferentes en bancos y agencias de envíos a nombre del imputado, llegando a transferir la millonaria suma.
El Ministerio Público mostró al tribunal diferentes evidencias que vinculan al imputado con los hechos, cometido en violación a las disposiciones contenidas en el artículo 15 de la Ley número 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
La medida fue dictada por el juez César Quezada, del Juzgado de la Instrucción de esta jurisdicción, quien ordenó su cumplimiento en la cárcel pública de San Juan de la Maguana.
