Santo Domingo (República Dominicana).- La procuradora general, Miriam Germán Brito, reafirmó la disposición del Ministerio Público de garantizar el acceso a servicios integrales de los privados de libertad y rubricó un acuerdo de cooperación interinstitucional para la habilitación de unidades de salud mental en los centros penitenciarios.
Germán Brito firmó el convenio con Ana Simó, presidenta del Colegio Dominicano de Psicólogos, y Marisol Taveras Ulerio, presidenta de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría. El documento había sido rubricado por Daniel Rivera Reyes, ministro de Salud Pública, y Mario Andrés Lama Olivero, director del Servicio Nacional de Salud.
En el acto, realizado en el despacho de Germán Brito, estuvieron presentes el procurador de corte Jonathan Baró Gutiérrez, coordinador del Gabinete de Asuntos Penitenciarios del Ministerio Público; la coordinadora del Modelo de Gestión Penitenciaria, Hilda Patricia Lagombra Polanco, y el director de Prisiones, Roberto Hernández Basilio.
Germán Brito agradeció a las entidades participantes en el proyecto, por su aporte a la estabilidad física y emocional de las personas privadas de libertad.
“La actual situación de pandemia ahonda aún más los sufrimientos que puedan experimentar las personas privadas de libertad, por lo que agradecemos a cada institución y a cada una de las personas que han intervenido para este acuerdo, por sus aportes para la salud mental de la población penitenciaria y sus familiares”, dijo la funcionaria.
Con esta alianza estratégica, el Estado dominicano reafirma su misión de garantizar el acceso equitativo a servicios integrales de salud con calidad para satisfacer las necesidades de la población, con énfasis en grupos prioritarios, como son las personas privadas de libertad con enfermedades o trastornos mentales.
El objetivo de la coalición por la salud mental de las personas privadas de libertad es instalar unidades de intervención en crisis y garantizar las atenciones especializadas que requieren aquellos afectados por enfermedades o trastornos psicológicos.
La acción se inscribe en el marco del mandato de la Ley 113-21, cuyo artículo 85 establece la asistencia médica para cada centro de corrección y reinserción social, los cuales contarán, entre otros profesionales de la salud, con un médico psiquiatra.
En el texto consensuado, el Ministerio Público se compromete a disponer del espacio físico donde funcionarán las Unidades de Salud Mental (USM) en cada centro y a contratar el personal de apoyo requerido para su adecuado funcionamiento.
Las primeras dos se instalarán en los Centros de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres y Najayo Mujeres, en San Cristóbal, que están bajo la responsabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria.
Solo el Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria cuenta con unos 500 privados de libertad con diagnósticos de enfermedades y trastornos mentales y que reciben el tratamiento médico correspondiente.
El Ministerio de Salud Pública, por su lado, se compromete a proporcionar el mobiliario de las USM, así como los insumos hospitalarios necesarios para su puesta en funcionamiento e implementar, a través de su Departamento de Salud Mental, los protocolos y guías de atención para los privados de libertad que recibirán los servicios.
El Servicio Nacional de Salud coordinará con el Ministerio Público las evaluaciones para la contratación del personal requerido para el funcionamiento de las USM, entre los cuales deberán incluirse cuatro médicos psiquiatras, tres psicólogos y tres profesionales de enfermería.
Mientras, el Colegio Dominicano de Psicólogos llevará a cabo las capacitaciones y formación continua, en coordinación con la Escuela Nacional Penitenciaria, del personal que laborará en las Unidades de Salud Mental y brindará acompañamiento en su puesta en funcionamiento, además de velar por el cumplimiento de los principios éticos que regulan la práctica.
La Sociedad Dominicana de Psiquiatría colaborará con las demás entidades en el reclutamiento, selección y formación de médicos psiquiatras para desempeñar las funciones en las unidades y apoyar al Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública en la elaboración y actualización periódica de los manuales, guías y protocolos de atención a ser utilizados en las referidas unidades.
El acuerdo interinstitucional se sustenta en el artículo 3, literal g, de la Ley de Salud Mental (12-06), que establece que el Ministerio de Salud Pública deberá “articular políticas y actividades de salud mental con las autoridades penitenciarias para proteger a las personas que padecen o han padecido enfermedades mentales y se encuentran en establecimientos carcelarios”.
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