San Juan (Puerto Rico).- Los partidos de minoría reiteraron este lunes su oposición a la aprobación del Proyecto del Senado 717, que busca enmendar el Código Electoral de Puerto Rico, en un reclamo de atender una “reforma de consenso” mediante un proceso de evaluación multisectorial.
Lillian Aponte, comisionada electoral del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), opinó que “las enmiendas aquí analizadas no atienden las causas reales de la desconfianza ciudadana ni los fallos estructurales del sistema electoral”.
Aponte solicitó detener el trámite legislativo de la medida y extender el diálogo, sostenido durante tres días, sobre las propuestas ante la Comisión Conjunta para la Revisión del Sistema Electoral, encabezada por los presidentes de la Cámara de Representantes y el Senado, Carlos “Johnny” Méndez Núñez y Thomas Rivera Schatz, respectivamente.
Según la comisionada electoral del Movimiento Victoria Ciudadana, el proyecto de ley mantiene una lógica de representación que calificó como “profundamente problemática” al no reconocer como criterio principal a quien gana una elección, sino a quien obtiene determinada cantidad de voto íntegro.
Aponte considera que esta disposición ocasionará una “crisis de representatividad” dentro de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).
De su lado, Javier Márquez, comisionado electoral de Proyecto Dignidad, expresó preocupación con las enmiendas que, a su juicio, aumentan la discrecionalidad administrativa, reducen la fiscalización y colocan las decisiones “en manos que no pueden ser observadas, impugnadas o auditadas por el pueblo”.
En ese sentido, Márquez propuso, en representación de la colectividad, que el proyecto de ley incorpore una cláusula de protección para los partidos minoritarios que asegure el acceso a todas las etapas de fiscalización y una auditoría electoral independiente posterior al evento.
Mientras, Roberto Iván Aponte, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), planteó que el Código Electoral disponga la representación de los cinco partidos políticos en la Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado (JAVAA) durante el año electoral.
En tanto, Lourdes Gómez, secretaria del Departamento de Justicia, favoreció las enmiendas propuestas tras indicar que realizó un “análisis profundo” del proyecto senatorial, y según la evaluación, la legislación presenta una reforma electoral moderna, transparente y que protege el derecho al voto.
Para Aponte, la reforma electoral no debe responder a “mayorías circunstanciales” luego de que en el pasado ciclo electoral solo participó el 49% de los puertorriqueños hábiles para votar, según sus números del censo electoral y destacó que “cuando vamos a un análisis numérico, nadie es mayoría”.
El proyecto en discusión dispone que garantizará a todos los partidos inscritos la oportunidad de designar funcionarios para participar en el proceso.
El representante Gabriel Rodríguez Aguiló, quien presidió los trabajos por parte de la Cámara, enfatizó que “hay unas ponencias que están dirigidas a analizar o a discutir el Proyecto 717, pero no hay unas propuestas específicas de cuál es la visión que cada partido tiene sobre el Código Electoral de cara al futuro. Esa era la expectativa, ciertamente, más allá del análisis de esta medida”.
Por su lado, el presidente del Senado, Rivera Schatz, defendió los cambios que presentó como autor de la medida tras afirmar que, de convertirse en ley, el nuevo Código Electoral garantizará el balance electoral entre los partidos inscritos y rechazó que la legislación persiga beneficiar a colectividades consideradas mayoritarias, como el Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD).
“Decir que no hay participación o que se está legislando para que un partido principal, el PPD o el PNP, estén beneficiándose, no es correcto. Cualquier partido puede cambiar su franquicia si pierde el respaldo”, sostuvo Rivera Schatz.
Entre otras propuestas, solicitó que la discusión de una nueva ley electoral establezca controles de un máximo de empleados por destaque de otras agencias gubernamentales en aspectos políticos-electorales y la restitución del concepto de los candidatos o partidos coligados.
