Santo Domingo (República Dominicana).- Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, respaldó la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC-01225-25, mediante la cual declaró inconstitucionales las disposiciones de los Códigos de Justicia de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, que penalizaban las relaciones consensuales entre personas del mismo sexo dentro de esas instituciones.
Recordó que los artículos anulados, el 210 de la Ley núm. 285 y el 260 de la Ley 3483, imponían penas de hasta dos años de prisión exclusivamente a oficiales y alistados de cuerpos castrenses por el solo hecho de mantener relaciones sexuales con personas del mismo sexo, sin importar el ámbito donde ocurrieran.
«Estas disposiciones, heredadas del trujillismo, mantenían plena vigencia normativa y práctica, vulnerando de forma concreta los derechos de las personas homosexuales que sirven al país desde estas instituciones», manifestó el movimiento cívico no partidista.
Participación Ciudadana destacó que el Tribunal reafirma un principio constitucional fundamental: «ninguna autoridad del Estado ni ningún particular puede restringir derechos en función de la orientación sexual, al tratarse de un aspecto protegido por la dignidad humana, la intimidad y el libre desarrollo de la personalidad».
Sostiene que esta decisión restablece la supremacía constitucional frente a normas anacrónicas y discriminatorias que, durante décadas, legitimaron desigualdad estructural en la carrera policial y militar. «El Tribunal Constitucional cumple con su función de garante último de la Constitución, asegurando que ninguna disposición sancione a personas por conductas privadas, consensuales y sin relación con los fines legítimos del servicio público».
Participación Ciudadana resaltó que la sentencia fortalece la institucionalidad democrática, al ordenar que todas las normas internas, de cuerpos castrenses, instituciones públicas y actores privados, se adecuen al mandato constitucional de igualdad y no discriminación.
La entidad valoró positivamente la claridad con la que el Tribunal Constitucional identificó que las disposiciones anuladas no guardaban relación con la disciplina institucional ni con los objetivos legítimos del servicio, sino que respondían a prácticas históricas de estigmatización e intromisión indebida en la vida privada de policías y militares.
El movimiento cívico no partidista reiteró que las sentencias del Tribunal Constitucional son vinculantes y obligatorias para todos los poderes públicos y para los particulares.
En ese sentido, exhortó a las instituciones del sector seguridad y defensa a adoptar medidas inmediatas para adecuar sus reglamentos, procedimientos internos y políticas de recursos humanos al estándar constitucional reafirmado por esta decisión. «Se trata de un precedente histórico que fortalece nuestra democracia, promueve la igualdad real y reafirma que ningún sector del Estado está por encima de la Constitución».
Al mismo tiempo, Participación Ciudadana hizo un llamado a la ciudadanía y a los medios de comunicación a elevar el rigor informativo y evitar ser presa fácil de la desinformación, «el morbo o el sensacionalismo que muchas veces surge a partir de titulares amarillistas o reacciones emotivas en redes sociales».
Indicó que en «tiempos marcados por bulos, noticias falsas y discursos que distorsionan debates esenciales, es indispensable que la población lea, contraste y verifique el contenido real de decisiones tan relevantes como una sentencia del Tribunal Constitucional».
Participación Ciudadana recordó que la democracia se fortalece cuando la ciudadanía participa desde la información veraz y el análisis crítico, y subrayó que la lectura responsable más allá del titular es un acto de ciudadanía activa.
