Santo Domingo (República Dominicana).- Cientos de Abogados marcharon desde la sede del Colegio de Abogados de la República Dominicana(Card), en la avenida Bolívar, hasta la Superintendencia de Pensiones demandando el derecho a pensiones por edad, vejez, por discapacidad y de seguro médico para esos profesionales que laboran de manera independiente, como contempla la Ley de Seguridad Social 87-01.
Miguel Surun Hernández, presidente del Card, explicó que el artículo 7, literal C, de la Ley de la citada legislación establece textualmente la obligatoriedad de la implementación de un Régimen Contributivo Subsidiado, que protegerá a los profesionales y técnicos que laboran de manera independiente con ingresos promedio, iguales o superiores a un salario mínimo nacional, con aportes del trabajador y un subsidio estatal para suplir la falta de empleador.
«Calificamos como un abuso, un desacato y una burla para los ciudadanos que luego de más de 20 años de promulgada dicha Ley, los profesionales independientes continúen desamparados, sin cobertura de salud, de riesgos laborales y de pensiones, derechos contenidos en la Ley de Seguridad Social, afectando a miles de personas, lo que no vamos a permtir», expresó.
El jurista recordó que el artículo 60 de la Constitución de la República también consagra que todos los dominicanos tienen el derecho a tener acceso a la Seguridad Social y que esas reivindicaciones se pueden lograr si la Tesorería de la Seguridad Social hace un uso correcto, regular y legal de los recursos que maneja del Estado y de los contribuyentes y aplica el Seguro Contributivo Subsidiado.
Los abogados que participaron en la marcha también se quejaron por la mala cobertura y las irregularidades existentes en la mayoría de las Administradoras de Riesgos de Salud y de Fondos de Pensiones, las cuales, en la mayoría de los casos, -dicen- trabajan para su beneficio y no de sus afiliados.
Reclamaron muchas ARS y AFP van desprotegiendo a sus usuarios mientras aumentan su edad, violándoles sus derechos y obteniendo cuantiosas ganancias de miles de millones de pesos.
Hernández advirtió que la entidad que agrupa a más de 70 mil togados se mantendrá vigilante del accionar de todas estas instituciones públicas y privadas que deben proteger y ofrecer buenos servicios a los profesionales del Derecho, de otras ramas y a técnicos que laboran de manera independientes.
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