San Juan, 31 oct (INS).- La Autoridad de Edificios Públicos (AEP) deberá transferir al Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe el edificio principal del hospital y el estacionamiento, luego de que el gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi convirtiera hoy en ley la Resolución Conjunta de la Cámara 324, a esos fines.
Una vez se concrete la transacción, el Centro Cardiovascular no podrá vender, enajenar, ni dar en usufructo o privatizar los bienes inmuebles transferidos.
Solo se permitirán gravámenes hipotecarios sobre cualesquiera de los bienes transferidos; siempre y cuando sea realizado para llevar a cabo mejoras permanentes requeridas para el mejor funcionamiento del Centro Cardiovascular.
En los últimos años, el Centro Cardiovascular ha realizado mejoras estructurales, tales como la construcción de la Unidad de Intensivo Cardiovascular Pediátrico y la actualización de los sistemas de calderas, torres de enfriamiento y sistema central del aire acondicionado.
También, el reemplazo de manejadoras, remodelación de las seis salas de operaciones, la construcción de la sala híbrida, la actualización de generadores, la reparación de elevadores, la actualización del sistema de tecnología del laboratorio invasivo, la construcción de la sexta sala de laboratorio invasivo y la remodelación de la cafetería con la correspondiente actualización de equipo.
Hasta febrero pasado, el total de las mejoras fue de aproximadamente $141, 021,850.26 adicionales a la renta.
En la continuación de medidas relacionadas a la salud, Pierluisi firmó el Proyecto de la Cámara 280, que al enmendar la Ley de Vehículos y Tránsito en Puerto Rico (Ley 22-2000), dispone que a los pacientes con diversas condiciones que afectan la piel de manera permanente, no se les requerirá renovar el permiso o certificación para el uso de tintes en el parabrisas y las ventanas de los autos.
Esta excepción aplicará a quienes tengan diversos tipos de lupus, melanomas malignos, vitíligo, psoriasis, albinismo y esclerosis múltiple.
Otra medida firmada, que enmienda la Ley 22-2000, es el Proyecto de la Cámara 1194 para que toda persona que haya sido multada por infracciones a las leyes de tránsito, y acuda a los tribunales para ejercer su derecho a revisión, se le detengan los términos establecidos para los pagos y descuentos correspondientes hasta que el tribunal emita una sentencia.
Actualmente, la Ley 22-2000 provee incentivos a quienes incurran en faltas administrativas de tránsito. En caso de que se pague la multa antes de 15 días a partir de la fecha de la infracción, el descuento es de 30 por ciento. Si se paga la multa transcurridos los 15 días, pero antes de los 30 días, el descuento entonces sería de un 15 por ciento. Transcurridos los 30 días, aplicará un recargo de $10 y a partir de ahí, conllevará un recargo de $5 adicionales por cada mes de retraso.
Tanto el Departamento de Hacienda como de Transportación y Obras Públicas se expresaron a favor del proyecto.
Hacienda explicó que hará la programación necesaria para cumplir con las disposiciones establecidas.
Mientras tanto, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) explicó que las proyecciones financieras y de recaudos contenidas en el Plan Fiscal no se verán afectadas ya que van dirigidas a aumentar la captación de recaudos y lo esbozado en el proyecto cameral no implica una disminución en el pago de multas, sino que el efecto recaería en el momento de la captación de la multa.
Pierluisi también dio paso al Proyecto de la Cámara 309 que aumenta a cuatro horas, durante el comienzo y final de cada semestre escolar, la licencia especial concedida a los empleados públicos para que puedan comparecer a las instituciones educativas donde cursan estudios sus hijos e hijas y de esta forma conocer todo lo relacionado a su aprovechamiento académico.
La Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (Oatrh), se expresó a favor y estimó que no habrá un desembolso mayor de fondos públicos.
El gobernador Pierluisi convirtió en ley dos medidas enfocadas en el municipio de Mayagüez. La primera es la Resolución Conjunta de la Cámara 67 que ordena al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (CEDBI), evaluar en un periodo de 30 días, la posible transferencia al municipio de las instalaciones del Centro Comunal que ubica en el sector Río Cristal, así como el usufructo o cualquier otro negocio jurídico.
Mientras, que al darle paso a la Resolución Conjunta de la Cámara 69, el CEDBI debe evaluar la posible transferencia al ayuntamiento de los terrenos donde estaba enclavado el residencial Marini que fue demolido.
También fue firmada la Resolución Conjunta de la Cámara 136 que designa desde el kilómetro cero hasta el 2.2 de la carretera PR-707 en Guayama con el nombre de Rogelio Moret Torres.INS
ndc
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