Por José Alejandro Vargas
Ninguna comunidad puede presumirse un Estado social y democrático de derecho si su existencia no se fundamenta en la seguridad jurídica, pilar de todo gobierno sometido al imperio de la ley y barrera diferenciadora entre aquellas naciones que, con escasos recursos naturales, han alcanzado elevados niveles de desarrollo gracias a la solidez de sus instituciones, y otras que, pese a poseer abundantes riquezas materiales, permanecen atrapadas en el estancamiento económico. Para quien esto escribe, no resulta necesario acudir a ejemplos concretos para sustentar esta afirmación.
La relevancia de la seguridad jurídica es tal que resulta inconcebible el desarrollo económico de un país que prescinda de ella. Los recursos naturales pueden agotarse, las ventajas fiscales modificarse y los mercados experimentar fluctuaciones; sin embargo, la confianza en el ordenamiento jurídico constituye un activo permanente que influye decisivamente en la atracción de inversiones, la generación de empleos y el crecimiento sostenible. Ningún inversionista, nacional o extranjero, compromete su patrimonio en un entorno donde las reglas cambian de manera imprevisible o donde las instituciones carecen de la fortaleza necesaria para garantizar el respeto de los derechos adquiridos.
La seguridad jurídica constituye, ante todo, una manifestación esencial del Estado social y democrático de derecho. Exige normas claras, estables, previsibles y aplicadas de forma uniforme por las autoridades. En palabras de Gustav Radbruch, el derecho debe ofrecer certeza para que los ciudadanos puedan orientar racionalmente su conducta. Del mismo modo, Lon Fuller sostenía que un sistema jurídico pierde legitimidad cuando sus normas son contradictorias, inciertas u objeto de modificaciones constantes.
Aunque la Constitución dominicana no define expresamente la seguridad jurídica, su contenido puede derivarse de diversos preceptos que estructuran el Estado de derecho. En particular, el artículo 110 consagra la irretroactividad de la ley como garantía de las situaciones jurídicas consolidadas, mientras que las disposiciones relativas al debido proceso, la tutela judicial efectiva y el principio de legalidad procuran asegurar que el ejercicio del poder público permanezca sometido al derecho y no a la arbitrariedad.
En esa misma línea, el Tribunal Constitucional dominicano ha desarrollado ampliamente este principio. En la sentencia TC/0091/20 sostuvo que la seguridad jurídica se encuentra íntimamente vinculada al principio de legalidad y a la prohibición de aplicar retroactivamente normas que alteren situaciones jurídicas consolidadas. Asimismo, en la sentencia TC/0625/18 afirmó que la estabilidad de las decisiones judiciales y el respeto de la cosa juzgada constituyen componentes esenciales de la seguridad jurídica, pues garantizan la certeza del derecho y fortalecen la confianza en la administración de justicia. Con ello, el Tribunal Constitucional coincide con la doctrina constitucional comparada, que concibe la seguridad jurídica no solo como un derecho subjetivo de los particulares, sino también como un principio estructural del Estado constitucional.
Es natural que todo inversionista, nacional o extranjero, sea plenamente consciente de los riesgos inherentes a la actividad económica que desarrolla y esté dispuesto a asumirlos. Lo que no puede aceptar es la incertidumbre institucional. Ningún empresario compromete su patrimonio donde las reglas cambian arbitrariamente, donde los contratos pueden desconocerse sin consecuencias o donde las decisiones de los tribunales carecen de estabilidad. El capital puede tolerar el riesgo empresarial; difícilmente soportará el riesgo jurídico.
En este contexto adquiere especial relevancia el principio de confianza legítima, ampliamente desarrollado por la jurisprudencia constitucional contemporánea. Dicho principio protege las expectativas razonables creadas por la actuación constante de los poderes públicos, evitando que cambios abruptos e injustificados lesionen derechos o intereses legítimamente consolidados. En definitiva, el Estado debe ser coherente con sus propias actuaciones.
La seguridad jurídica no representa un privilegio de quienes invierten, sino una garantía de todos los ciudadanos. Allí donde existe certeza en la aplicación del derecho florecen la libertad económica, la convivencia pacífica y la confianza en las instituciones. Por el contrario, cuando prevalece la incertidumbre, no solo se aleja la inversión, sino que también se debilita la credibilidad del Estado y se resiente la democracia misma.
En ese escenario, la responsabilidad de los jueces adquiere una dimensión trascendental. Cada decisión judicial debe fortalecer la confianza de los ciudadanos en el derecho y no sembrar incertidumbre sobre su aplicación. La independencia judicial encuentra una de sus expresiones más nobles en el respeto a la Constitución, a la ley, a los precedentes vinculantes y a los principios que garantizan la estabilidad del orden jurídico. Solo así la justicia cumplirá su verdadera misión: ser garante de la seguridad jurídica y, con ella, del desarrollo institucional y económico de la Nación.
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(El autor es juez del Tribunal Constitucional, residente en Santo Domingo, República Dominicana).
