Redacción (RT.com).- Matar a sospechosos civiles sin juicio en suelos de otros países, lo que los expertos consideran incluso un crimen de guerra, era una práctica que se llevó a cabo en Perú en los años 90.
Bajo la denominada Airbridge Denial Program (Programa de Denegación de Transporte Aéreo o ABDP, por sus siglas en inglés), entre 1995 y 2001 la operación de la CIA presumía de derribar avionetas de narcotraficantes.
En el seno de la CIA se creó un Centro de Crimen y Narcóticos, con abundancia de recursos, que estableció su base de operaciones en la localidad peruana de Pucallpa, junto a las autoridades peruanas.
El periodista Tim Weiner, que ha investigado durante años la trayectoria de la CIA, narró este episodio y precisó que «la División de Latinoamérica se hizo con el mando de la misión, y el Centro de Crimen y Narcóticos proporcionaría dinero e inteligencia», cita El Confidencial.
Según las fuentes de Weiner, «los paramilitares y contratistas de la CIA proporcionarían pilotos y tripulaciones para una aeronave ligera con un grabador de video y un comunicador peruano», los cuales volaban «junto a un Cessna A-37 de la Fuerza Aérea Peruana». Así los agentes de la CIA daban las órdenes, mientras que los peruanos disparaban.
En cada uno de esos derribos se identificaron «discrepancias y errores visibles, incluida la ausencia por parte de los interceptores de señales visuales, las violaciones a la hora de reportar el programa por los funcionarios estadounidenses, fallos en la cadena de mando peruana para autorizar los derribos, tiempo insuficiente para evaluar la situación y llevar a cabo todos los pasos requeridos en el protocolo, ausencia de disparos de advertencia, e interferencia del equipo de EE.UU.», según un estudio de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) de 2019.
En total, entre 1995 y 2001, bajo este sistema se abatieron 15 aeronaves. En cada uno de esos derribos se identificaron «discrepancias y errores visibles, incluida la ausencia por parte de los interceptores de señales visuales, las violaciones a la hora de reportar el programa por los funcionarios estadounidenses, fallos en la cadena de mando peruana para autorizar los derribos, tiempo insuficiente para evaluar la situación y llevar a cabo todos los pasos requeridos en el protocolo, ausencia de disparos de advertencia, e interferencia del equipo de EE.UU.», según un estudio de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) de 2019.
«Negligencia e indiferencia»
El error «más grave» llegaría el 20 de abril de 2001, cuando se abatió una avioneta tildada de «sospechosa», aunque no había ningún indicio de que transportara drogas. En la aeronave viajaban el matrimonio Bowers y sus dos hijos. La madre, Veronica, y la hija, Charity, murieron en el acto atravesadas por munición del calibre 30.
Para agosto de 2008, el entonces inspector general de la CIA, John L. Helgerson, aprobó un informe interno que sería liberado en noviembre de 2010, donde la agencia admitía «violaciones de los procedimientos de interceptación», tanto en este, como «en muchos derribos anteriores».
En sus conclusiones, se señala que hubo «violaciones de los procedimientos exigidos» por el ABDP para «interceptar y derribar aeronaves de narcotráfico en todos los derribos en los que participó la CIA, a partir de mayo de 1995».
«Los oficiales de la CIA conocían y toleraban las violaciones, fomentando un ambiente de negligencia e indiferencia hacia estos procedimientos», añade el documento de 301 páginas, en el que incluso se acusa a oficiales de «ignorar las pruebas».
Pilotos, tanto estadounidenses como peruanos, adujeron que «existían limitaciones prácticas» para cumplir con los procedimientos correspondientes que les permitían establecer contacto con una aeronave objetivo, por lo cual, «era más fácil derribarla que forzarla a aterrizar».
«Como resultado, en muchos casos, las aeronaves sospechosas eran derribadas en dos o tres minutos tras ser avistadas por el caza peruano, sin ser identificadas correctamente, sin recibir las advertencias necesarias para aterrizar y sin tener tiempo para responder a dichas advertencias«, agrega.
En el texto se mencionan al menos cuatro ocasiones en que tiraron una aeronave antes de agotar las fases de interceptación. Hechos que ocurrían mayormente bajo la «incitación» del personal estadounidense para que los peruanos aceleraran el proceso.
«En una ocasión, la tripulación estadounidense instó a los peruanos a disparar contra quienes huían de un avión que ya había sido derribado, una acción que potencialmente infringía las leyes estadounidenses y peruanas«, relata.
Del lado peruano, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) difundió un informe final en el cual reconoció que hubo «incumplimiento por parte por parte de los tripulantes de la aeronave interceptora Cessna A-37B y de los organismos involucrados y encargados de la interceptación».
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