La Paz (RT.com).- La presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, y su compañero de fórmula, Samuel Doria, anunciaron este jueves que se retirarán de la contienda para las elecciones generales del 18 de octubre.
La mandataria, que asumió el poder tras el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales en noviembre pasado, afirmó que tomó la decisión «por el bien mayor», ya que busca la unidad de los espacios de centro derecha para evitar que el Movimiento al Socialismo (MAS) pueda ganar en primera vuelta, tal como marcan las encuestas.
«Si no nos unimos, vuelve Morales», aseguró Áñez en un mensaje oficial que fue televisado y compartido desde sus redes sociales.
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La mandataria de facto afirmó que su determinación no implica un compromiso sino «un honor». «Lo hago ante el riesgo de que se divida el voto democrático. Lo hago por la unidad de los que amamos la democracia. Para ayudar a la victoria de los que no queremos la dictadura», aseguró.
En su breve discurso, la exdiputada le pidió «a quien vaya a ser el candidato democrático para enfrentar al MAS» que conserve «algunas cosas importantes» de su «legado», entras las cuales mencionó «la pacificación, la estabilidad económica y el 10 % del presupuesto para salud».
Por lo demás, la presidenta de facto dijo que continuará en sus funciones hasta la instalación del nuevo mandatario electo.
Minutos después de anunciarse la renuncia de Áñez a la carrera presidencial, Morales se pronunció en su cuenta de Twitter y aseguró que esa determinación «hace mucho que estaba decidida» y que «solo faltaba negociar su impunidad».
«Está claro que el precio de su nueva alianza es la impunidad por los escandalosos casos de corrupción en medio de la pandemia, por el genocidio de Senkata y Sacaba y por el economicidio al que ha sometido al país», escribió el líder del MAS, quien alertó que los protagonistas de «la crisis neoliberal» han conformado una nueva megacoalición para «continuar el saqueo de Bolivia».
Sin chances
Áñez y Doria, candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia por Alianza Juntos, confirmaron esta decisión en medio de una baja en las preferencias electorales de Bolivia.
En una reciente encuesta de la firma Mercados y Muestras, publicada por Página Siete, Áñez pasó del 12 % al 8 % de la intención de voto en tan solo un mes, mientras que el candidato del Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce, aumentó su preferencia electoral, del 23 % que registraba en agosto, al 25 % en septiembre.
En noviembre de 2019, tras el golpe de Estado que forzó a Evo Morales a dimitir, Áñez, quien era la segunda vicepresidenta del Senado, se autoproclamó presidenta interina sin tener el quorum en la cámara alta.
En un principio, la presidenta de facto había anunciado que encabezaría un Gobierno interino. Sin embargo, el pasado 24 de enero, Áñez informó que se presentaría a las elecciones generales de Bolivia aunque «no estaba» en sus planes.
Polémica candidatura
La candidatura de Áñez generó mucha polémica a nivel nacional e internacional. A la presidenta de facto se le señala por hacer campaña con recursos del Estado y por perseguir judicialmente a la oposición, con el mandatario depuesto Evo Morales como principal objetivo.
La organización Human Rights Watch señaló en un reciente informe que el Gobierno de Áñez ha usado a las instituciones de seguridad y justicia para perseguir a personas vinculadas con Morales.
«Ha presionado de forma pública a fiscales y jueces para que actúen de manera favorable a sus objetivos, dando lugar a investigaciones penales contra más de 100 personas vinculadas al gobierno de Morales o simpatizantes por supuestos delitos de sedición o terrorismo», señaló la organización.
En el caso del mandatario depuesto, quien enfrenta cargos por terrorismo, Human Rights Watch alertó que, «a la luz de las pruebas», estas imputaciones «parecen responder a motivaciones políticas».
Morales fue inhabilitado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para competir por el Senado por Cochabamba, con el argumento de que no cumplía con el requisito de residencia permanente. El mandatario depuesto se encuentra asilado en Argentina porque su vida corría peligro tras el golpe de Estado en su contra.
El fallo del TSE fue validado por la Sala Constitucional. Morales tildó el pronunciamiento como una «decisión política ilegal e inconstitucional».
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