San Francisco de Macorís (República Dominicana).- El Juzgado de Atención Permanente de esta jurisdicción impuso medidas de coerción, consistentes en garantía económica y presentación periódica, a dos hombres a quienes el Ministerio Público le imputa incurrir en contaminación atmosférica al aplicar productos químicos, hasta el momento desconocidos, en terrenos localizados próximo a un centro educativo de esta localidad.
La Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren), Departamento San Francisco de Macorís, sometió a la justicia por ese caso a Félix Ramón Paulino Almánzar y Orlando Antonio Peralta, imponiéndole el Juzgado a cada uno una garantía económica de cinco mil pesos y presentación periódica ante el Ministerio Público, los días 12 de cada mes por un período de seis meses.
La jueza Griselda Ramona Salazar, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial Duarte, le impuso la medida de coerción por su vinculación al caso, que constituye una violación a varios artículos de la Ley 64-00 sobre el Medio Ambiente y los Recursos Naturales, la Ley General de Salud (42-01), la Ley sobre el Distrito Nacional y los Municipios y la Ley 49-90 sobre Sanidad Vegetal, así como también la Ley No. 311-98 sobre Regulación de Plaguicidas en su reglamento numerados 322-88 y 244-10.
Respecto al caso, la Procuraduría Ambiental en San Francisco de Macorís, estableció en la solicitud de medida de coerción que el hecho ocurrió el pasado 11 de marzo, alrededor de las 9:00 de la mañana, siendo arrestados infraganti los dos imputados.
La instancia detalla que ese día tuvo que ser suspendida la docencia en el Centro Educativo Fermín Rosario Jerez, del Distrito Municipal de Cenoví, del municipio San Francisco de Macorís, provincia Duarte, luego de que los procesados aplicaran productos químicos desconocidos en las proximidades de dicho centro educativo.
A través de un comunicado de prensa la titular de la Procuraduría de Medio Ambiente en San Francisco de Macorís, Juana Brito, dijo que continúan ampliando la investigación y trabajando en la recolección de pruebas suficientes para presentar acusación en el plazo de seis meses otorgado por el tribunal.
