Santo Domingo (República Dominicana).- La presidenta de la Fundación Vida Sin Violencia, Yanira Fondeur, expresó preocupación por el incremento de los feminicidios registrados que se elevan a 74 durante el presente año y consideró necesario fortalecer las políticas públicas de prevención, protección y atención integral a las víctimas de violencia de género.
Fondeur comentó que las estadísticas recopiladas por la entidad reflejan un aumento de 24 casos más de estos hechos en comparación con el año anterior, situación que, según afirmó, deja una profunda secuela sobre 105 niños, niñas y adolescentes que pierden a sus madres como consecuencia de la violencia.
Indicó que muchos de los casos presentan señales de alerta identificables con anticipación, entre ellas antecedentes de violencia, amenazas constantes y acceso de los agresores a armas de fuego y consideró que tanto las autoridades como los familiares deben prestar atención a estos indicadores para intervenir antes de que ocurran hechos irreparables.
Entrevistada por el periodista Federico Méndez en el programa «Esferas de Poder», que se transmite los domingos por RNN Canal 27, la presidenta de la Fundación Vida Sin Violencia destacó que una parte importante de las víctimas tenía menos de 35 años de edad, lo que según sostuvo, representa una pérdida humana que también afecta el desarrollo social y económico del país.
Fondeur explicó que una gran proporción de los feminicidios registrados ocurrió dentro de las viviendas de las víctimas, circunstancia que evidencia la complejidad de la violencia intrafamiliar y la necesidad de fortalecer las medidas de protección y afirmó que estos crímenes suelen desarrollarse en contextos donde la víctima ha convivido durante años con el miedo, el control, las amenazas y otras manifestaciones de violencia.
Informó que entre los casos registrados figuran siete víctimas menores de edad, entre ellas una de 13 años, lo que evidencia la gravedad del problema y su impacto sobre adolescentes y niñas y observó una presencia similar de armas blancas y armas de fuego entre los medios utilizados para cometer los feminicidios, aunque aclaró que la fundación no dispone de información sobre la situación legal de las armas involucradas.
La presidenta de la Fundación Vida Sin Violencia destacó que otro elemento preocupante es la cantidad de agresores que posteriormente se suicidan, cifra que se eleva a 17 en lo que va de año, situación que deja a numerosos menores sin ambos progenitores.
Según expresó, las consecuencias de estos hechos trascienden a las víctimas directas y generan profundas secuelas emocionales, familiares y sociales para los hijos e hijas afectados.
Fondeur manifestó su respaldo a una propuesta de legislación integral destinada a fortalecer la respuesta institucional frente a la violencia contra las mujeres, al considerar que el país requiere una actualización de los instrumentos legales existentes para responder con mayor eficacia a una problemática que calificó como un asunto de derechos humanos.
No obstante, señaló que además de la aprobación de nuevas normativas resulta indispensable garantizar los recursos económicos necesarios para ejecutar las medidas previstas y asegurar su aplicación efectiva.
Sostuvo que la experiencia de varios países demuestra que la existencia de leyes más amplias no garantiza por sí sola una reducción de los feminicidios. Por esa razón, planteó la necesidad de desarrollar programas permanentes de prevención desde edades tempranas, así como fortalecer la capacitación de los profesionales encargados de atender a las víctimas.
Fondeur consideró fundamental que exista una coordinación efectiva entre las distintas instituciones involucradas en la atención de los casos para evitar que las víctimas tengan que recorrer múltiples dependencias sin obtener una respuesta adecuada y llamó la atención sobre el hecho de que muchas víctimas no presentan denuncias ante las autoridades, situación que atribuyó, entre otros factores, al temor y a la percepción de insuficiente protección.
En ese sentido, reclamó un seguimiento más efectivo de las órdenes de protección y mecanismos de vigilancia que permitan reducir los riesgos que enfrentan las mujeres después de denunciar a sus agresores.
A su juicio, la respuesta institucional debe centrarse en prevenir los hechos antes de que ocurran y no limitarse a intervenir cuando ya se ha producido una tragedia.
