San Juan (Puerto Rico).- La Cámara de Representantes aprobó este lunes los Proyectos de la Cámara 817 y 818 con el propósito de precisar los criterios relacionados con los antecedentes penales para otorgar licencias a técnicos de refrigeración y aire acondicionado, así como peritos electricistas en Puerto Rico.
Al mismo tiempo, flexibiliza el requisito de buena conducta para aquellas personas que hayan extinguido su pena carcelaria.
“Siendo política pública del Gobierno de Puerto Rico, la rehabilitación de los confinados es menester evaluar los requisitos que se imponen a las profesiones”, ya que, como parte de su proceso dentro del sistema, el Departamento de Corrección y Rehabilitación ofrece educación para laborar en estos oficios, se indica.
Los proyectos, ambos de la autoría del representante Gabriel Rodríguez Aguiló, determinan que estos candidatos serán evaluados tomando en cuenta la naturaleza y gravedad del delito, el cumplimiento de la pena y su participación en programas de rehabilitación, así como la evidencia de conducta posterior, referencias y estabilidad laboral.
En el lenguaje de las piezas se especifica que no podrán acceder a estas licencias quienes hayan sido hallados culpables por delitos de maltrato de menores en cualquiera de sus modalidades, incluyendo pornografía infantil, agresión sexual, actos lascivos, secuestro, incesto, trata humana, maltrato contra adultos mayores o delitos de explotación financiera.
Los componentes de ambas juntas tendrán un periodo de 45 días hábiles luego de recibida la petición, para emitir una resolución.
Por otra parte, fue refrendada la Resolución Conjunta de la Cámara 73, de los representantes Denis Márquez Lebrón, Adriana Gutiérrez Colón y Nelie Lebrón Robles, para exhortar a la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR) en conjunto a la Junta Reguladora de los Centros para la Protección, Investigación, Tratamiento e Intervención, a diseñar y ofrecer una campaña educativa dirigida a las madres, padres y encargados de la niñez sobre el problema de abuso sexual a menores de edad.
Esto ante las cifras presentadas por el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, tomada de los datos ofrecidos por la Policía de Puerto Rico, reportando que, en los años 2021, 2022 y 2023, se han producido 767, 934 y 963 víctimas de abuso sexual menores de 18 años, por lo cual urgieron a que se atienda esta “crisis”.
Ante el hecho de que el 50 por ciento de los hogares son monoparentales y liderados por mujeres “esta asamblea legislativa entiende que se necesita crear una campaña educativa difundida por la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública que ayude a las mismas a identificar las características de un menor abusado, en que situaciones un menor puede ser más vulnerable y que pueden hacer si sospechan que si hijo o hija han sido victimizado”.
