Washington (RT.com).- El presidente de EE.UU., Joe Biden, ha firmado un decreto por el cual su país impone nuevas sanciones a Rusia debido a las presuntas «acciones de su Gobierno y servicios de inteligencia contra la soberanía e intereses estadounidenses».
Esas medidas punitivas incluyen la deportación de 10 empleados de la Embajada rusa en Washington D.C. y apuntan a 16 entidades y 16 individuos, que estarían implicados en la supuesta injerencia rusa durante las últimas presidenciales que EE.UU. celebró en noviembre de 2020.
El Departamento del Tesoro de EE.UU. ha prohibido a las instituciones estadounidenses participar en el mercado primario de bonos que emitan a partir del próximo 14 de junio el Banco Central de Rusia, el Fondo de Bienestar Nacional ruso o el Ministerio de Finanzas de ese país, así como prestar fondos a esas instituciones.
«Esta directiva otorga la facultad al Gobierno estadounidense de expandir sanciones contra la deuda soberana de Rusia mientras sea necesario», se señala en el comunicado de la Casa Blanca.
Este organismo norteamericano también ha señalado a seis empresas rusas por proporcionar apoyo a un programa del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, al «ayudar al desarrollo de herramientas e infraestructura para la realización de actividades cibernéticas malignas».
«Seguiremos haciendo responsable a Rusia por sus ciberactividades maliciosas, como el incidente con la empresa SolarWinds, aplicando todas las políticas y autoridades disponibles», reza el documento.
Así, EE.UU., también ha impuesto sanciones contra ocho individuos y entidades asociados con la «ocupación» de la región de Crimea, que votó en referéndum reunificarse con Rusia tras el golpe de Estado que se produjo en Ucrania en 2014.
Las autoridades estadounidenses responden de este modo a las acciones «desestabilizadoras» de Rusia, como «el fomento y uso de la corrupción transnacional para influir en gobiernos extranjeros», las actividades extraterritoriales contra disidentes y periodistas, los esfuerzos para socavar la seguridad en «países y regiones importantes para la seguridad nacional de EE.UU.» o la violación de los fundamentos del derecho internacional, incluido el respeto a la integridad territorial de los estados.
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