Montecristi (República Dominicana).- El presidente del Centro Bahía de Manzanillo para el Desarrollo Regional (CEBAMDER), Frank Valenzuela, anunció su retiro de las conversaciones de negociación ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del Grupo BID, al considerar que las condiciones económicas planteadas hasta el momento son incompatibles con la magnitud de los impactos denunciados y con la dignidad de las comunidades de Manzanillo, Copey, Carbonera y demás territorios afectados.
Valenzuela calificó como inaceptable que frente a una inversión energética que las organizaciones comunitarias sitúan en el orden de más de RD$90.000 millones, se pretenda discutir un resarcimiento de alrededor de RD$50 millones, o incluso inferior a RD$25 millones.
Señaló que según esas cifras, RD$50 millones representan aproximadamente el 0.0556 % de RD$90.000 millones, mientras que RD$25 millones equivalen apenas al 0.0278%. «No estamos hablando de una compensación proporcional: estamos hablando de una cifra que, frente a la dimensión económica del proyecto, resulta simbólica».
Precisó que la decisión constituye además una denuncia internacional sobre la forma en que las comunidades perciben el desarrollo del proceso de diálogo.
Valenzuela cuestionó que el MICI del BID, concebido institucionalmente como un mecanismo independiente de rendición de cuentas, pueda terminar siendo percibido en el territorio como un espacio donde las comunidades deben aproximarse a los presupuestos definidos por grandes corporaciones. «El MICI no puede convertirse, ni permitir que se le perciba, como un mecanismo para convencer a una comunidad de aceptar la cifra que una corporación está dispuesta a pagar».
Opinó que el conflicto tiene como centro el proyecto Manzanillo Bay Energy, cuya entidad patrocinadora, identificada públicamente por BID Invest, es Manzanillo Gas & Power S.A., y cuya estructura empresarial ha sido vinculada públicamente con Shell Gas & Power Development, Haina Investment Company y ENERLA. BID Invest clasificó el proyecto en Categoría A, reservada para operaciones que pueden generar riesgos e impactos ambientales y sociales significativos, diversos, irreversibles o sin precedentes.
«Si el proyecto merece la máxima categoría de riesgo ambiental y social, entonces la reparación a las comunidades no puede calcularse como si estuviéramos ante una afectación menor», manifestó Valenzuela.
El dirigente comunitario cuestionó, además, la enorme asimetría de poder existente en la mesa: de un lado, comunidades que defienden sus medios de vida, sus ecosistemas y su territorio; del otro, estructuras empresariales con capacidad financiera, jurídica y técnica internacional. «No estamos negociando contra una pequeña empresa local. Estamos hablando de capitales y actores empresariales de dimensión internacional. Por eso exigimos que el valor de la vida económica y social de Manzanillo no sea reducido a una dádiva».
Valenzuela advirtió que resulta doloroso observar la transformación que puede sufrir un territorio mientras quienes toman las decisiones llegan con todo el poder logístico y financiero, mientras comunidades que durante décadas han construido su economía con enormes sacrificios terminan preguntándose cómo recuperar sus medios de vida.
«No es aceptable que quienes hablan de desarrollo lleguen con todo el poder logístico y financiero, mientras un pescador, un apicultor o un emprendedor ecoturístico tenga que pedir ayuda para poder continuar trabajando. Ese contraste es precisamente lo que el mundo debe mirar», señaló el presidente del CEBAMDER.
Ante la magnitud de las denuncias, CEBAMDER exige al Grupo BID y al MICI una fase de investigación profunda, independiente, técnicamente rigurosa y transparente, realizada por un equipo internacional de especialistas sin conflictos de interés, que determine la verdadera dimensión de los daños ambientales, sociales y económicos denunciados en la Bahía de Manzanillo y su área de influencia.
La organización exige que esta investigación incorpore específicamente la condición de protección internacional de los humedales y ecosistemas vinculados al territorio, incluyendo su reconocimiento bajo la Convención Ramsar, así como los posibles efectos acumulativos sobre manglares, humedales, pesca, ecoturismo, biodiversidad y medios de vida.
Valenzuela advirtió a Shell, Haina Investment Company, ENERLA y a las demás estructuras empresariales vinculadas al desarrollo energético de Manzanillo que «República Dominicana no es un territorio sin dueño, y Manzanillo no es una zona de sacrificio» y aclaró que las empresas tienen derecho a desarrollar sus inversiones dentro del marco jurídico dominicano, pero que ese derecho tiene como contraparte la obligación de respetar la legislación ambiental, los derechos de las comunidades, los compromisos sociales y las reglas aplicables a proyectos financiados por organismos multilaterales. «El desarrollo económico no puede significar que los beneficios se internacionalicen y los costos se queden en Manzanillo».
