A rajatabla

Para quienes nunca han sufrido la picadura de un mosquito es difícil entender lo que en términos políticos significa pobreza, como tampoco pueden asimilar la acepción “fundita”, que usan a su mejor conveniencia electoral, unas veces a favor y otras en contra.

Alguien dijo algo así como “que el cambio va, a pesar de las funditas”, sin haber interactuado jamás con los núcleos poblacionales sometidos a la exclusión, indigencia y vulnerabilidad, por lo que no se sabe qué entiende esa persona por “cambio”.

Distribuir miles de raciones alimenticias entre familias pobres no atenta contra ninguna presunción de cambio político, porque es un programa oficial que enfrentan las consecuencias de una emergencia sanitaria que obliga al confinamiento familiar y, por tanto, reduce la posibilidad de conseguir sustento diario.

La pobreza es una condición derivada de sistemas políticos que promueven privilegios y cierran compuertas a la igualdad, cuadro de injusticia que no combatiría gente que nunca se han vinculado con los anhelos de redención de los pobres.

La campaña electoral para las elecciones del 5 de julio coincide con la propagación a nivel global de la covid-19, una pandemia que ha causado más de 340 mil muertos, millones de contagiados y descalabro de la economía mundial, por lo que condicionar expectativas de cambio con prohibir las funditas es una tontería.

Partidos y candidatos deberían entender que la población atraviesa por un periodo difícil provocado por la pandemia, por lo que, en vez de promesas tintadas de demagogia, deberían acompañarla en este viacrucis, donde no es pecado distribuir funditas ni ayudar a mitigar necesidades urgentes.

Desde muy altas poltronas económicas se habla peyorativamente de “las funditas”, sin que esos nuevos redentores puedan entender lo que significa convocar cada viernes en escuelas públicas a padres y tutores para que recojan la ración semanal de alimentos que ofrecerán a sus hijos.

Los principales partidos y candidatos suelen distribuir funditas costeadas con dinero público que obtienen a través de la Junta Central Electoral (JCE), con el ánimo quizás de mitigar hambre, pero también para garantizar votos favorables pero, como para guardar las apariencias, critican la labor clientelar que atribuyen a sus rivales.

No debería olvidarse que la crisis bancaria de 2002-2004 provocó que un millón 400 mil personas se precipitaran a la pobreza moderada y pobreza extrema, dato que ignoran allegados a boletas electorales, que tampoco saben que en 15 años de crecimiento económico la mayoría de esos dominicanos retornaron a los sitiales extraviados.

Debe llegar el día cuando no haga falta distribuir funditas, pero aspirantes a puestos electivos deben entender que ahora se requiere acompañar a la población y ayudarla a sobrellevar tan pesada carga.