Santo Domingo (EFE).- Un total de 250.429 haitianos fueron deportados desde la República Dominicana entre enero y julio, un 16,2 % más que los 215.463 registrados en el mismo período de 2025, según cifras difundidas este viernes por la Dirección General de Migración (DGM).
Del total de deportaciones en los primeros siete meses de este año, 143.182 corresponden a hombres, equivalentes al 76,92 %; mientras que 42.957 son mujeres, el 23,08 %.
El director general de Migración, el vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, informó además de la instalación de una oficina en el cruce fronterizo de Dajabón (noroeste dominicano), con el objetivo de reforzar el control de los flujos migratorios durante el mercado binacional de los lunes y los viernes.
De acuerdo con un comunicado de la entidad migratoria, la estructura permitirá fortalecer los registros biométricos mediante sistemas de reconocimiento facial para identificar a los nacionales haitianos autorizados a ingresar al país durante esos días.
Asimismo, señaló que se mantienen operativos de seguimiento entre ambos países, en coordinación con autoridades civiles y militares, en las rutas alternas utilizadas por redes de tráfico de personas indocumentadas para evadir los controles de seguridad en la zona fronteriza.
En octubre de 2024, el presidente dominicano, Luis Abinader, ordenó la deportación «masiva» de los haitianos indocumentados que residen en el país para «reducir» el exceso de población migrante que se percibe en las comunidades dominicanas y que dijo que representa una «carga» económica para el país.
Esta política de deportación que ejecuta República Dominicana ha sido criticada por organismos como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), debido al aumento de casos de personas vulnerables, incluyendo embarazadas, madres lactantes y niños, que son devueltas a Haití, que atraviesa una grave crisis de seguridad y precariedad en todos los órdenes.
Además, Amnistía Internacional (AI) ha señalado que las políticas migratorias en República Dominicana están arraigadas en el racismo, resultando en perfilamiento racial y negación de servicios básicos como la salud, según un protocolo que condiciona la atención médica al estatus migratorio. EFE
