San Juan, 23 nov (INS).- La jueza federal Laura Taylor Swain, quien atiende el caso de la quiebra de Puerto Rico y supervisa la reestructuración de la deuda, puso fin hoy al proceso de vistas de argumentación sobre el plan de ajuste de la deuda.
Se trató de la fase concluyente de un proceso que busca la reestructuración de 33 mil millones de dólares de deuda constitucional.
Ahora, se espera por la decisión de Taylor Swain, que podría tardar hasta inicios de 2022 e, incluso, la determinación podría ser apelada por alguna de las partes.
Junto con agradecer “al pueblo de Puerto Rico, la jueza reveló que “miles han escrito a este tribunal para compartir su perspectiva personal. Han hablado de sus vida. Cada día, son ellos los más afectados directamente por los casos de Título III”, dijo Swain.
Añadió que las “voces” de los ciudadanos afectados “han sido escuchadas” en el proceso de vistas para confirmar el plan de ajuste de la deuda del gobierno, que comenzó el pasado 8 de noviembre.
Ayer, lunes, las partes habían sometido sus argumentos finales, mientras que hoy solo hubo un turno de refutación de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
En total, la jueza programó nueve vistas en tres semanas.
Los argumentos finales se enfocaron en el cumplimiento con la Ley Promesa, reclamos de indemnización por expropiación forzosa y la viabilidad del plan de ajuste.
El desarrollo de las vistas, a través de videoconferencia, se da a más de cuatro años de que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) comenzará con el proceso de reestructuración de deuda.
Taylor Swain evalúa el plan -el que se logró tras un acuerdo entre la JSF y la Legislatura-, que debe cumplir con la Ley Promesa lo que permitiría, de paso, reducir la deuda constitucional a siete mil millones.
Organizaciones políticas y sociales, como el Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda, el Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública, el Frente en Defensa de las Pensiones y el Partido Independentista Puertorriqueño, entre otras, han reclamado que la deuda es ilegal y, por tanto, no se debe pagar.
Además, han alertado que con la medida Puerto Rico podría volver a la quiebra tan pronto como en diez años.INS
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