San Juan (Puerto Rico).- La gobernadora Wanda Vázquez Garced otorgó 31 clemencias ejecutivas, incluyendo 19 indultos totales de personas que ya no están convictas.
La mayoría son personas que ya cumplieron su sentencia, a los fines de que puedan solicitar tener el récord limpio. En otros casos llevan algún tiempo en la libre comunidad cumpliendo con todas las condiciones impuestas por la Junta de Libertad Bajo Palabra de manera satisfactoria.
Aunque típicamente un exconvicto puede limpiar su récord luego de cinco años de cumplida la sentencia, en muchos de estos casos las personas han demostrado su deseo de superación al culminar grados universitarios o encontrarse ya reinsertados en el mundo laboral. De esta forma se acelera ese proceso.
Vázquez Garced concedió además tres conmutaciones al mínimo para que estas personas puedan ser evaluadas por la Junta de Libertad Bajo Palabra, y concedió nueve indultos condicionales.
La gobernadora dijo que estas acciones fueron evaluadas con detenimiento, “responsabilidad y cumpliendo con nuestra facultad constitucional, y con el beneficio de tener la óptica desde las distintas posiciones que he ocupado en el sistema de justicia de Puerto Rico”.
“Creo firmemente en la ley y el orden y que cada acción conlleva unas consecuencias, pero también sé que muchas personas tienen la oportunidad y el empeño de rehabilitarse y superarse, y esa es la oportunidad que les otorgo hoy. Luego de varios días evaluando detenidamente todas las solicitudes, y de sostener reuniones junto a mi equipo y a la presidenta de la Junta de Libertad Bajo Palabra, he decidido que estos casos son meritorios para una oportunidad de demostrar su rehabilitación”, manifestó la primera ejecutiva.
Entre las clemencias otorgadas, se destaca la de Ashley M. Torres Feliciano en la modalidad de indulto condicional. Torres Feliciano había sido sentenciada a cumplir 111 años de reclusión carcelaria.
“Luego de un profundo análisis de las circunstancias de su caso, concedo a Ashley M. Torres Feliciano un indulto condicional por el término de diez años contados a partir de la fecha de la firma de este indulto”, destaca el documento.
Agrega que deberá permanecer en su residencia bajo arresto domiciliario por un año monitoreada electrónicamente, de manera que pueda ir ajustándose a la vida fuera de la cárcel, y luego deberá cumplir con estar en su residencia de 9:00 de la noche a 6:00 de la mañana, así como no cometer delito ni usar sustancias controladas, entre otras condiciones. Una vez cumplidas las condiciones podría limpiar su récord.
Igualmente, a Sharelys López Pérez, quien el 30 de julio de 2013 fue sentenciada a cumplir 15 años de prisión, la primera ejecutiva le concedió un indulto condicional por el término de cinco años cumpliendo restricciones que incluyen estar en su residencia de 9:00 de la noche a 6:00 de la mañana, entre otras que, de no cumplir, el indulto sería revocado.
La gobernadora también concedió una clemencia ejecutiva bajo la modalidad de indulto condicional a Edwin Domínguez Torres, quien había sido sentenciado a cumplir ocho años y un día de cárcel. La clemencia es de cuatro años con varias condiciones, como no comunicarse, dirigirse ni relacionarse, directa o indirectamente, ni por ningún medio de comunicación o electrónico, con las partes perjudicadas ni con sus familiares, y permanecer bajo arresto domiciliario por el término de dos años, entre otras restricciones. Advirtiendo que cualquier violación a las condiciones resultaría en la revocación del indulto condicional.
En adición a estas clemencias otorgadas, la gobernadora incluyó nueve indultos totales que eran una corrección a indultos condicionales que otorgó el exgobernador Alejandro García Padilla y que carecían del lenguaje necesario para que una vez se cumplieran las condiciones impuestas, se aclarara que se convertiría en un indulto total. Sobre este asunto, la Junta de Libertad Bajo Palabra había recibido una misiva del exmandatario solicitando el arreglo para que estas personas pudieran tener ya su récord limpio.
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