Por José Alejandro Vargas
Los estudios de criminología ambiental o geografía del delito, para simplificar, explican el delito como una conducta estrechamente relacionada con el entorno físico y con las oportunidades para su ocurrencia.
El delito, entendido aquí como sinónimo de infracción penal o vulneración más o menos relevante del ordenamiento penal, exige ya un análisis espacial de la conducta que trascienda las razones por las cuales las personas delinquen. Se requiere atender con especial dedicación el lugar, el momento y las condiciones en que dicha conducta se manifiesta. Estas condiciones incluyen, cuando menos según Cohen y Felson (1979), un delincuente motivado, una víctima adecuada y la ausencia de impedimentos capaces de contrarrestar el acto.
La doctrina es consistente al explicar el delito como una actividad concentrada en determinados lugares o nodos —como ocurre con los carteristas que operan en estaciones de transporte—, a lo largo de ciertas rutas de desplazamiento masivo o, como propusieron Shaw y McKay, en lugares caracterizados por el deterioro del entorno físico urbano. Asimismo, existe consistencia en torno a la hipótesis de los puntos calientes (hot spots), desarrollada, entre otros, por Sherman a finales de la década de 1980, según la cual una proporción significativa de los hechos delictivos se concentra en un número reducido de lugares.
El estudio de esta disciplina se traduce no solamente en aplicaciones prácticas, sino también en el rediseño de políticas públicas relacionadas con la prevención del delito mediante el diseño ambiental y el patrullaje inteligente, caracterizado por la asignación focalizada de la atención policial.
La prevención mediante el diseño ambiental, conocida en inglés como Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED), considera el entorno geográfico o físico como susceptible de planificación para disuadir el delito e incrementar la percepción comunitaria de seguridad. Esto se procura mediante la vigilancia, el control de acceso, el fortalecimiento territorial de la comunidad y el mantenimiento de un orden mínimo aceptable en los espacios públicos.
El patrullaje inteligente o predictivo se presenta, a su vez, como un modelo de gestión de la seguridad ciudadana que procura optimizar el despliegue policial mediante el análisis estadístico, la georreferenciación y el procesamiento de datos, incluso en tiempo real. En el país se han propuesto modalidades de contenido o propósito similar, como ocurrió con la denominada seguridad perimetral y con otras estrategias fundamentadas en la anticipación o disuasión del delito mediante una presencia policial visible en zonas y horarios en los que previamente se hubieran detectado niveles relevantes de ocurrencia delictiva.
Las desventajas de estas iniciativas también han recibido atención. Se sabe que los delincuentes pueden desplazarse desde las zonas intervenidas hacia otras con menor vigilancia; que estas estrategias no enfrentan directamente los factores sociales, económicos y psicológicos asociados con la delincuencia; y que pueden exigir la reestructuración de los espacios públicos que se pretenda intervenir. De manera evidente, también pueden contribuir a la formación de guetos o promover una imagen hostil de determinadas zonas de la ciudad.
Sin embargo, también se ha comprobado que estos mecanismos permiten intervenir en entornos evaluados científicamente conforme a sus niveles de criminalidad. Su implementación, no obstante, puede aumentar los costos asociados con el mantenimiento de sistemas eficientes de iluminación, vigilancia e infraestructura urbana.
La reducción de la inseguridad en espacios abiertos e iluminados no solamente incide en las condiciones que favorecen la génesis del delito, sino que también mejora la percepción de la calidad de vida y fortalece la integración comunitaria. En esas condiciones, resulta más fácil incorporar a la ciudadanía a las estrategias de protección de los espacios públicos, estimular la denuncia y promover una vigilancia comunitaria orientada a preservar las mejoras alcanzadas.
La prevención del delito mediante el diseño ambiental puede resultar particularmente útil en nuestro país. Para aprovechar sus posibilidades, no basta con aumentar la presencia policial: también es necesario recuperar, ordenar e iluminar los espacios en los que transcurre la vida colectiva, así como fortalecer y dar continuidad a los programas de capacitación de los miembros de la Policía Nacional, sobre cuyos hombros recae buena parte de la delicada responsabilidad de preservar la seguridad ciudadana.
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(El autor es juez del Tribunal Constitucional, residente en Santo Domingo, República Dominicana).
