Por Rafael Méndez
La educación dominicana vuelve a prepararse para una de esas reformas que periódicamente son anunciadas como el comienzo de una nueva era. Regresan las comisiones, las consultas, los diagnósticos, los expertos y las promesas de transformación, mientras el país, acostumbrado a esperar, se pregunta si esta vez la piedra alcanzará la cima o si volverá a rodar por la misma pendiente de siempre.
La frase «la reforma educativa que ha de venir» encierra, por eso, una esperanza atravesada por la ironía, porque desde hace décadas cada gobierno anuncia que la verdadera transformación está a punto de comenzar. Cambian los nombres, se reorganizan las estructuras, se aprueban planes y se redactan documentos solemnes, pero en las aulas permanecen el bajo aprendizaje, la indisciplina, las brechas territoriales y una gestión desprovista de autoridad efectiva.
De ahí la necesidad de invocar a san Alejo para que aleje de la reforma el fantasma de Sísifo, condenado a empujar eternamente una roca que nunca permanece en la cima. La metáfora describe con inquietante exactitud un sistema que investiga para conocer sus problemas, promete resolverlos y vuelve a encontrarlos intactos en la evaluación siguiente, como si diagnosticar la crisis bastara para liberarse de la responsabilidad de transformarla.
La misma piedra bajo nombres diferentes
La República Dominicana no carece de investigaciones, estadísticas ni diagnósticos sobre su realidad educativa, porque instituciones públicas, universidades, organismos internacionales y especialistas han documentado ampliamente las debilidades del sistema. Sabemos dónde faltan aulas, dónde se concentran los peores resultados, cuáles deficiencias arrastra la formación docente y cómo las desigualdades sociales y territoriales condicionan el aprendizaje; sin embargo, entre saber y transformar continúa levantándose una muralla aparentemente infranqueable.
Bahoruco e Independencia constituyen una dolorosa demostración de esa distancia, pues durante más de una década su regional educativa ha permanecido en los últimos lugares de las evaluaciones nacionales. Los estudios del Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa han permitido conocer la magnitud del rezago, pero la reiteración del diagnóstico no ha producido una intervención proporcional a la gravedad del problema ni una política de emergencia sostenida en el tiempo.
La reforma anunciada mediante el Decreto 309-26 podría representar una oportunidad si procura articular los distintos niveles del sistema, la formación técnico-profesional, la educación superior, la ciencia, la innovación y el mercado laboral. Sin embargo, esa reorganización corre el riesgo de convertirse en otro ejercicio administrativo si evita las zonas incómodas donde se concentran los obstáculos reales: gobernanza débil, intereses corporativos, falta de consecuencias, deficiente supervisión y ausencia de responsabilidades claramente establecidas.
También sería insuficiente una nueva ley que describa con elegancia el sistema educativo deseado, pero deje intactas las relaciones de poder que impiden construirlo, porque las leyes no enseñan por sí solas, ni administran centros, ni forman docentes, ni garantizan disciplina. Su eficacia dependerá de la voluntad política para aplicarlas, de la autoridad otorgada a quienes dirigen las escuelas y de la existencia de mecanismos que obliguen a responder por los resultados.
Reformar el espíritu, además de las estructuras
Toda transformación deberá tocar igualmente el corazón del proceso educativo: la vocación de quienes enseñan. El tránsito cultural de maestro y maestra a profesor y profesora puede parecer una variación semántica, aunque también refleja una modificación profunda en la manera de concebir el oficio, cada vez más asociado al concurso, el horario, el salario y las reivindicaciones laborales, mientras pierde terreno aquella misión formadora entendida como una especie de sacerdocio laico.
Reconocer esa pérdida de espíritu no implica negar los derechos conquistados por el magisterio ni reclamar docentes sacrificados y mal remunerados, porque ninguna vocación debe utilizarse como pretexto para justificar precariedades. Significa comprender que el incentivo salarial, aunque indispensable, no puede sustituir el compromiso ético con los estudiantes, del mismo modo que un título universitario tampoco garantiza las aptitudes, los conocimientos y la sensibilidad humana necesarios para formar a las nuevas generaciones.
La reiterada reprobación en los concursos de oposición docente obliga, además, a examinar la calidad de la formación inicial y la responsabilidad de las instituciones que entregan títulos sin asegurar las competencias correspondientes. La reforma deberá incorporar a las universidades, al Ministerio de Educación, a la ADP, a COOPNAMA, a los directores, a las familias y a las organizaciones sociales, asignando a cada actor responsabilidades verificables, porque convocarlos únicamente para legitimar decisiones previamente elaboradas convertiría la consulta en espectáculo.
También deberá establecer una relación transparente entre inversión y resultados, debido a que el 4 % del producto interno bruto destinado a la educación constituyó una conquista social que no puede reducirse a nóminas, edificaciones inconclusas, programas dispersos y estadísticas triunfalistas. El contribuyente tiene derecho a conocer cuánto se invierte, dónde se invierte, cuáles metas fueron alcanzadas y quién responde cuando los recursos consumidos no se traducen en mejores aprendizajes ni en condiciones escolares dignas.
La reforma educativa que ha de venir necesita, en consecuencia, comenzar con una declaración franca de crisis y continuar con una política de emergencia capaz de convertir el conocimiento acumulado en acción transformadora.
Ojalá san Alejo mantenga lejos de ella las comisiones ornamentales, las consultas aparentes, las soluciones chapulinescas y el triunfalismo oficial, porque si vuelven a imponerse, Sísifo empujará nuevamente la piedra mientras el país, esperando y esperando, seguirá sin ver que le pongan la soga.
rramendez@hotmail.com
(El autor es periodista y exdiputado residente en República Dominicana).
