Santo Domingo (República Dominicana).- La Fundación Acción Verde, Inc. afirmó que ha sido una tradición que desde el Ministerio de Medio Ambiente se dicten medidas que difícilmente se cumplan más allá del papel, entre estas las más decepcionantes son las que tienen que ver con el manejo de los recursos forestales y la extracción de agregados: se emiten, se incumplen, revocan, expiran y nunca resuelven.
Dijo que es en ese contexto que hay que poner las medidas anunciadas en la presente gestión, tanto la número 0018-2022 que se anunció en abril y que suspendía el aprovechamiento de madera bruta proveniente de las plantaciones y planes de manejos forestales en los municipio San José de las Matas, Monción y la provincia Santiago Rodríguez, como la recientemente emitida y derogada resolución 34-2022 que tenía el mismo propósito, pero para todo el país.
«Estas y otras muchas medidas son la resultante de la desesperación (y hasta frustración) de los ministros de turno, al observar cómo se vulneran los procesos, se saltan los controles y los mecanismos de supervisión, en las narices de los encargados de cumplir y hacerlos cumplir y desde luego por la presión social comunitaria», indicó la Fundación Acción Verde, Inc.
Señaló que viceministros, supervisores, directores, encargados municipales, efectivos del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA) y una larga lista de funcionarios deberían ser suficientes para estar tranquilos respecto a que «las normas se cumplen», pero no es así.
Precisó que el corte irregular y tráfico de madera es un azote que destruye los bosques, afecta los ríos y «erosiona no sólo nuestros suelos sino otras cosas más delicadas, como la confianza en el sistema. De ahí que muchas comunidades, ambientalistas y ciudadanos pegan el grito al cielo cuando «ven bajar de las lomas» camiones repletos de troncos que podrían -o no- ser parte de un ilícito forestal. En la sierra por ejemplo, los comunitarios están HARTOS de tanto relajo: cualquier día, a cualquier hora, con o sin documentación pasan estas cargas y las autoridades parecen no enterarse».
«Entonces ¿por qué no funcionan esas resoluciones?
Por qué no son sostenibles en el tiempo.
Por qué castiga por igual a justos y pecadores.
Porque igual se necesitará seguir teniendo varas para ranchos, madera para construir, productos del bosque para industrializar.
Porque en la práctica, en las condiciones actuales, Medio Ambiente NO TIENE FORMA de hacerlas cumplir», indicó.
Agregó que peor aún, «porque tira por la borda años de inversión y promoción (auspiciados desde el propio Estado Dominicano y grupos ambientalistas) para procurar un cambio en el uso de suelo hacía prácticas más sostenibles, sustituyendo por ejemplo lomas peladas, agricultura en zonas de alta pendiente y ganadería de montaña por plantaciones de Pino y otras especies maderables que permitirían un nivel importante de cobertura forestal, algunos servicios ecosistémicos, retención de suelo, secuestro de carbono y en algún momento beneficios económicos con su explotación regulada, reduciendo las importaciones y aportando al PIB de la nación».
«Hay personas, empresas, que hace años creyeron en la propuesta, captaron miles de tareas de tierra, invirtieron cientos de millones de pesos y ahora simplemente se les convierte en una pesadilla cuando tratan de aprovechar el fruto de su esfuerzo ¿Cuál es el problema? que nadie confía en nadie… Las comunidades, los ambientalistas, sospechan que muchos «planes de manejo forestal» aprovechan su condición para explotar también bosques naturales, más allá de lo que plantaron», expresó la Fundación Acción Verde, Inc.
Expuso que aún cuando una carga transita con su documentación, se suele dudar de su validez: «las mafias que manejan los permisos a todos los niveles (A TODOS LOS NIVELES) se han convertido en un cartel que ha expoliado los bosques y se ha embolsillado miles de millones de pesos a lo largo de los años… cobrando ribetes de escándalo insoportable en tiempos recientes. Al punto de que algunos de estos productores-inversionistas responsables decidieron sencillamente «salir del negocio» porque «con ese tigueraje, no se pueda competir».
Destacó urgente necesidad de recuperar la confianza, en base a demostrar transparencia, supervisión, control y respeto por las normas. «Y esto podría lograrse si las autoridades trabajan de la mano con las comunidades, con los grupos ambientalistas, con las autoridades locales. Facilitando mecanismos fiables de supervisión, información clara, oportuna y precisa sobre los planes de manejo existentes en cada zona, qué productos forestales tienen derecho a procesar, quién ha otorgado los permisos, cuándo y cómo y hacia dónde los cortan y transportan, al tiempo de aplicar un sistema de consecuencias más severos a quienes incumplan lo establecido».
Precisó que al SENPA le toca que sus agentes tengan el entrenamiento, la ética y el rigor necesarios para poder fiscalizar el transporte y destino de estas cargas de madera, que no se les vea nada más con la bien ganada percepción de «ya vinieron a recoger lo suyo».
«Pero también hace falta dar la milla extra: los productores forestales deben de aportar un poco más de beneficios a las comunidades de su entorno, colaborando con el arreglo de los caminos, apoyando mejoras en los servicios básicos como agua potable y electricidad, aportando a mejorar la gestión de esos parajes y la calidad de vida de las personas del entorno», señaló la Fundación Acción Verde.
Comentó que para todo esto hace falta mejorar la fluidez y calidad de la información, apoyarse en el uso de la tecnología básica como los drones para cuantificar constantemente las fincas madereras, señalizar los medios de transporte con códigos QR para tener datos dinámicos y verificables, entre otras acciones de control y transparencia.
«Si logramos mejorar la reputación y la confianza entre los actores del sistema, a lo mejor un día será motivo de satisfacción y orgullo ver los camiones cargados, bajar de la sierra», expuso la Fundación Acción Verde, Inc.
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