El presidente de la Federación de Alcaldes del PNP, Gabriel Hernández, desafía al DRNA en el Peñón Brusi mientras comunidades protestan. Exigen que paralicen construcción ilegal
Por Sandra Rodríguez Cotto
Camuy (Puerto Rico).- Mientras la zona metropolitana de Puerto Rico lleva días sin agua y los comerciantes ambulantes marcharon por las calles exigiendo el derecho a trabajar, en la costa norte de la isla un alcalde con uno de los cargos políticos más influyentes del Partido Nuevo Progresista continúa construyendo en un área costera protegida — pese a una orden de paralización emitida por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y a un informe ambiental que, según activistas, el gobierno municipal ocultó deliberadamente para que no saliera a la luz pública.
El escenario es el Balneario Peñón Brusi, en Camuy, una franja costera con manglares, dunas, charcas intermareales y formaciones rocosas protegidas por ley. El alcalde: Gabriel «Gaby» Hernández Rodríguez.
UN ALCALDE CON PODER Y SU CONDUCTA
Hernández Rodríguez no es un alcalde cualquiera. Preside la Federación de Alcaldes del PNP, la organización que representa a los primeros ejecutivos municipales del partido de gobierno ante La Fortaleza, y que en semanas recientes ha sido protagonista de las negociaciones sobre la reforma de permisos de construcción en Puerto Rico. Es, en otras palabras, la voz de los municipios ante el mismo sistema regulatorio que hoy lo señala por incumplimiento.
En enero de 2026, Hernández anunció un proyecto de mejoras al balneario Peñón Brusi valorado en más de $350,000: nuevos drenajes, aceras, pavimentación, baños, sistema eléctrico y acceso para personas con diversidad funcional. El argumento fue el de siempre — resolver inundaciones crónicas, fortalecer el turismo, proteger a los comerciantes. Obras necesarias, dijo, para una comunidad que lleva años reclamando atención.
Lo que no dijo es que parte de esas obras se adentraba en la Zona Marítimo-Terrestre, el espacio costero que en Puerto Rico pertenece al dominio público del Estado y donde cualquier intervención requiere permisos especiales del DRNA y una evaluación de impacto ambiental. Según denuncias de las organizaciones comunitarias, esos permisos nunca se completaron — o se ignoraron.
De hecho, según la información investigada, se están ocultando dos informes técnicos, uno del DRNA y el otro de la Junta de Calidad Ambiental, que de muestran irregularidades en el proceso de construcción en esa zona playera. Según la información investigada por EN BLANCO Y NEGRO CON SANDRA, en el DRNA están ignorando los informes del caso y dilatan en proceso para que el alcalde termine el proyecto lo antes posible. Es un proyecto para el que no tienen planos, donde los propios constructores le informan a la comunidad que se hacen «a ojo» , y en donde el Permiso Único Incidental que tiene la obra, no concuerda con lo que el municipio está construyendo. La otra pregunta que se hacen las autoridades es dónde está el permiso de construcción.
Hace un tiempo el DRNA intervino y emitió una orden de paralización de los trabajos. Sin embargo, las comunidades denuncian que el municipio siguió construyendo, sin importarle esas advertencias de la agencia reguladora. También se imputa que no hicieron un deslinde, falta un estudio hidráulico y lo que espero, que canalizan el agua un cuerpo que pertenece a una reserva natural sin contar con el permiso del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos.
LA ORDEN QUE NO SE RESPETÓ
No es la primera vez. Antes de esta controversia, el alcalde intentó celebrar dentro de la Reserva Natural Finca Nolla — que colinda con el Peñón Brusi y sirve de escudo natural para el sector más pobre y vulnerable de Camuy — un evento deportivo llamado «Titan Race» como parte del Camuy Summer Fest. El evento requería excavar en la arena y montar obstáculos que pondrían en riesgo las dunas, la vegetación, las aves y el mangle. El DRNA lo prohibió tras la movilización del Grupo Comunitario Campamento Dunas.
Tampoco es la primera vez que Hernández choca con la agencia reguladora. En otro episodio reciente, el alcalde y el representante camuyano Joel Franqui lograron que la Legislatura aprobara un proyecto para traspasar la titularidad de la Reserva Finca Nolla al municipio. La comunidad demostró que el municipio había tenido la reserva en total abandono. La gobernadora vetó el proyecto.
El propio alcalde ha dejado claro cómo ve al DRNA. Cuando el secretario de la agencia anunció planes para la reapertura del Parque de las Cavernas del Río Camuy — otro recurso natural en el municipio — Hernández respondió que el secretario no es quien «establece la política pública del gobierno». La política pública, dijo, la establece la gobernadora. El mensaje implícito: las agencias reguladoras son obstáculos políticos, no autoridades ambientales.
Hubo un incidente cuando tiraron escombros a la playa y llegó con el director regional y levantaron la paralización. En un video dijo que llamó al secretario del DRNA, Waldemar Quiles, y trasladaron al vigilante de la zona.
EL INFORME QUE NO DEBÍA SALIR
Lo que convierte esta controversia en algo cualitativamente distinto a un conflicto de permisos es lo que las comunidades afirman tener en sus manos: un informe ambiental que documenta el daño causado por las construcciones del municipio en la zona costera — y que, según los grupos que lo poseen, fue ocultado por el gobierno para evitar que la controversia llegara a los medios.
Si el contenido del informe es verificado, estamos ante algo que va más allá de un desacato administrativo. Estaríamos ante evidencia de que una agencia o funcionario público suprimió información de impacto ambiental sobre una obra pública financiada con fondos públicos, en terrenos públicos, sobre un recurso natural que pertenece a todos los puertorriqueños.
EL COSTO DE PERDER LA PLAYA
Peñón Brusi no es solo una playa bonita. Es un ecosistema costero dinámico con manglares, dunas y charcas intermareales que funciona como barrera natural ante marejadas e inundaciones para las comunidades costeras más vulnerables de Camuy. La Reserva Natural Finca Nolla, que la colinda, es objeto de un proyecto de restauración de dunas a cargo de la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla — precisamente para reconstruir la protección natural que en décadas de descuido se fue perdiendo.
Verter cemento en esa zona, alterar el flujo de las escorrentías naturales y construir estructuras permanentes en la Zona Marítimo-Terrestre no solo viola la ley. Según los científicos que estudian la erosión costera puertorriqueña, acelera la pérdida de arena, desestabiliza el ecosistema y convierte la infraestructura misma en un detonante de mayor destrucción cuando lleguen los próximos huracanes.
Puerto Rico ya sabe lo que cuesta ignorar ese tipo de advertencias.
