Desde el allanamiento del FBI a la prensa en EE. UU. hasta el asedio legal del CPI en Puerto Rico, los gobiernos revelan su verdadera naturaleza: el autoritarismo que quiere silenciar la verdad
Por Sandra Rodríguez Cotto
La persecución a la prensa libre ha perdido el pudor. Aunque se proclamen paladines de la democracia, los gobiernos de Estados Unidos y Puerto Rico operan bajo una premisa idéntica: el periodismo es el enemigo. Actúan con el pulso de regímenes totalitarios, pisoteando la Constitución y el derecho fundamental a la libertad de expresión que juraron defender.
La señal más grave nos llega desde el norte. El FBI, bajo instrucciones del Pentágono, allanó la residencia de la periodista Hannah Natanson, de The Washington Post. La fiscal general Pam Bondi lo confirmó sin titubeos: el Estado va tras las filtraciones. Este asalto al domicilio de una reportera no es un trámite judicial ordinario; es una declaración de guerra dirigida a intimidar a cualquier periodista que se atreva a exponer los secretos del poder federal.
Acá en Puerto Rico el libreto es igual de siniestro. El gobierno acaba de tildar de «frivolidad» la labor del Centro de Periodismo Investigativo (CPI), solicitando sanciones contra el medio. ¿Su pecado? Cuestionar el filtro selectivo de la Fortaleza, que exige carnés específicos para controlar quién ellos consideran es periodista y quien entra y quién no a las ruedas de prensa.
La ironía es sangrienta: el abogado que lidera este ataque contra el CPI es Ramón Rosario, pieza clave del infame «Chat de Telegram» de 2019. Es el mismo personaje que, junto al exgobernante Ricardo Rosselló y sus compinches, se burló de los muertos del huracán María. Rosario, el estratega de las campañas de descrédito y los perfiles falsos en las redes sociales, es hoy el rostro de la «justicia» estatal. Un hombre vinculado a intereses familiares de contratos multimillonarios en égidas cuestionadas por maltrato y muertes de envejecientes, ahora intenta dar lecciones de ética periodística mientras busca asfixiar al periodismo que no puede comprar.
La estrategia de los gobiernos de Donald Trump y Jenniffer González es clara: Privilegio para los dóciles: Favorecen a medios y pseudoperiodistas que se dejan manipular a cambio de pautas publicitarias y acceso exclusivo; y Castigo para los libres: Al periodismo independiente se le censura, se le fabrican campañas de lodo y se le presiona para sacarlo del aire.
Buscan, en definitiva, un «apagón informativo». Como denunciamos en nuestra serie «Periodismo bajo asedio» (artículos 1, 2 y 3) publicados a finales de 2025, nos encontramos en un punto de inflexión crítico. La embestida es global y local; la meta es una sola: que la ciudadanía solo escuche la versión oficial de los hechos.
El periodismo libre no es una cortesía del Estado. Es el último dique de contención contra la tiranía. Si permitimos que silencien al CPI, que allanen a la prensa en Washington sin consecuencias, que amenacen, persigan y ataquen a periodistas verdaderos, la democracia habrá muerto, aunque sigan celebrando elecciones.
