San Juan (Puerto Rico).- El vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), Manuel Reyes Alfonso, denunció este miércoles que “nuestra economía y nuestra seguridad alimentaria dependen de dos o tres empresas con poder monopolístico que tienen poca supervisión o fiscalización gubernamental”.
Reyes Alfonso señaló que “en Puerto Rico vivimos en la oscuridad respecto a los costos reales, el resultado es que ni el gobierno, ni el sector privado saben cuánto cuesta realmente mover nuestra economía por mar, a pesar de que eso lo impacta todo, desde nuestra materia prima para producir, hasta lo que comemos”.
A preguntas del representante José Aponte Hernández, el ejecutivo de la industria de alimentos no pudo ofrecer datos sobre el costo del servicio marítimo y en los terminales ubicado en la bahía de San Juan, ya que “Puerto Rico no tiene estadísticas oficiales de ninguno de estos servicios”.
Reyes Alonso comentó que en la actualidad “cuando un importador se sienta a negociar con un naviero, solamente conoce los precios de su contrato vigente y carece de datos del mercado para analizar si está haciendo una buena negociación. Así es imposible que el mercado funcione”.
Calificó como “el peor escenario posible” la falta de datos y la falta de competencia que existe en el mercado local, ya que da paso a que las empresas tomen ventaja de la situación.
Señaló que aparte de las leyes de cabotaje, “existe una amalgama de agencias y regulaciones con jurisdicción compartida o en algunos que ocupan el campo. Esto ha provocado inacción y confusión”, en los procesos.
Entre las agencias mencionadas se encuentran el Departamento de Justicia Federal, el Federal Maritime Commission (FMC), el Surface Transportation Board (STB) y la Autoridad de los Puertos quienes, según el ejecutivo de MIDA, no están claros en su jurisdicción lo que produce “un choque de agencias y jurisdicciones, sumado a la falta de interés porque lo que ocurre en la Isla a nivel de los Estados Unidos, lo que obliga a que los verdaderamente interesados, el gobierno de Puerto Rico, tome cartas en este asunto”.
Reyes Alonso habló en una audiencia pública al amparo de la Resolución de la Cámara 195, bajo la cual la Comisión de Asuntos Federales y Veteranos de la Cámara de Representantes-que preside Aponte Hernández, investiga entre otros asuntos, el aumento anunciado por parte de la empresa Tote Maritime en la tarifa por contenedor de 425 a 485 dólares, efectiva desde el 8 de diciembre. Asimismo, se estableció un aumento de 10 por autos y 13 por cada dos mil libras de carga suelta.
