San Juan (Puerto Rico).- La Cámara de Representantes aprobó este jueves el Proyecto de la Cámara 808, para regular el uso de dispositivos electrónicos personales por parte de los estudiantes en las instituciones educativas públicas de Puerto Rico hasta octavo grado.
La pieza legislativa, de la autoría del representante Jorge Navarro Suárez, y que recibió 35 votos a favor, establece además las excepciones a dicha limitación.
La regulación del uso de este equipo será durante el horario escolar, incluyendo los recesos y cualquier actividad organizada por la institución, excepto cuando el artefacto sea utilizado con fines educativos bajo la supervisión directa de un maestro o personal autorizado y en situaciones de emergencia.
Durante su turno a favor de la medida, el representante Navarro Suárez destacó la necesidad de regular el uso de dispositivos electrónicos, ya que causan interrupciones en la labor docente y en las horas de receso no permite la interacción entre los estudiantes en actividades que permitan la socialización entre pares.
Señaló que a pesar de que la propuesta recibió en la pasada sesión un veto de bolsillo por parte de la gobernadora, Jenniffer González Colón, en conversaciones con la mandataria, accedió a presentar la medida nuevamente, pero esta vez para que la regulación llegue hasta octavo grado.
“Ella tenía una inquietud y entendía que debía ser hasta octavo, ya que los estudiantes de 10, 11 y 12 están a punto de salir de la escuela superior y necesitan más la utilización del artefacto telefónico, celulares y wi-fi, en el horario escolar, para adelantar diferentes circunstancias académicas, buscar alternativas de estudios, entre otras cosas”, indicó el legislador.
Por otra parte, también se aprobó el Proyecto de la Cámara 603, del representante Christian Muriel Sánchez, para enmendar la “Ley para la Protección, Seguridad, Integración, Bienestar y Desarrollo Integral de las Personas con los Trastornos del Espectro Autista”, con el propósito de establecer obligaciones profesionales que aseguren los servicios a las personas con esta condición y promocionar activamente el uso voluntario de identificación para personas con el Trastorno del Espectro Autista (TEA).
Sánchez expresó que esta legislación “fortalece la Ley para la Protección y el Bienestar de Personas con Trastornos de Aspecto Autista; un grupo de ciudadanos que merece nuestra máxima atención y compromiso”.
“Esta medida no solo busca garantizar que los profesionales que atienden a esta población estén debidamente capacitados, sino que también promueve la implementación de protocolos estandarizados de atención, la utilización voluntaria de identificaciones como pulseras, parches o tarjetas emitidas por el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) que faciliten su reconocimiento en situaciones de emergencia y que sobre todo el desarrollo de estrategias de intervención seguras y no violentas”, dijo Muriel Sánchez.
Asimismo, los representantes ratificaron un paquete de proyectos con el fin de dar pasos afirmativos en la política pública de Puerto Rico a favor de los adultos mayores, asegurando un acceso a derechos y servicios de forma ágil, pero sensible.
Entre las piezas aprobadas se incluyó el Proyecto del Senado 652, que enmienda la “Ley sobre la Política Pública del Cuidado Informal de Puerto Rico” del 2023, para expandir su alcance en cuanto a las áreas de atención de la población de cuidadores informales en la Isla y para atemperarla a las disposiciones federales del “Recognize, Assist, Include, Support, & Engage (RAISE) Family Caregivers Act” del 2017.
Con esta legislación se reconoce la importancia de la labor que realiza el cuidador informal como una parte crucial dentro del cuidado prolongado de los adultos mayores, así como un grupo de interés dentro del sistema de salud.
