San Juan (Puerto Rico).- La Cámara de Representantes aprobó una medida que propone la creación de una aplicación móvil para realizar denuncias confidenciales sobre situaciones de maltrato y que el sistema reporte las querellas automáticamente a la Policía de Puerto Rico.
El Proyecto de la Cámara 246, aprobado durante la sesión ordinaria de este lunes, busca que la plataforma digital, bajo el nombre “Cuéntamelo”, sea una herramienta adicional que facilite una pronta respuesta y protección para poblaciones vulnerables, como menores de edad, adultos mayores y personas con impedimentos.
“Herramientas digitales y aplicaciones móviles pueden facilitar la detección temprana de situaciones de riesgo; permiten denunciar y reportar de manera inmediata casos sospechosos a las autoridades; y proporcionan a los menores y personas con impedimentos una alternativa discreta y segura para solicitar ayuda”, expresó el representante José “Che” Pérez, autor de la medida, en la exposición de motivos.
La propuesta legislativa recibió el respaldo de diversas agencias que presentaron memoriales explicativos a la Comisión de Gobierno, entre las que se destacan el Departamentos de Seguridad Pública (DSP), Familia y Educación.
Varias de ellas también ofrecieron recomendaciones técnicas relacionadas con las funciones interagenciales, la ciberseguridad y confidencialidad. En relación al posible impacto fiscal, se incluyó una enmienda para ordenar que la aplicación sea desarrollada con los recursos disponibles de cada agencia.
Puerto Rico Innovation & Technology Service (PRITS) desarrollará la plataforma en colaboración con Familia y Educación, según establece la medida.
Por otra parte, la Cámara de Representantes también apoyó el Proyecto de la Cámara 593, del representante Joel Franqui Atiles, para obligar a las entidades públicas exentas de la Ley de la Administración de Servicios Generales (Ley 73-2019), a publicar en sus respectivos portales cibernéticos las compras realizadas con fondos públicos.
Según la pieza legislativa, estas serán aquellas instituciones gubernamentales cuyas compras no se procesan por la Administración de Servicios Generales o no se ven reflejadas en las plataformas de libre acceso de esta agencia.
De otro lado, el pleno dio paso a una investigación sobre la resolución de querellas presentadas ante LUMA Energy por parte de los consumidores. La pesquisa, que surge de la Resolución de la Cámara 399, busca evaluar la eficiencia en la atención de los reclamos, la transparencia en los procesos administrativos y los tiempos de respuesta del consorcio energético.
La medida es de la autoría del representante José “Cheito” Hernández Concepción ante señalamientos ciudadanos sobre la dificultad para acceder a canales de comunicación efectivos y demoras significativas en la respuesta a querellas relacionadas con interrupciones del servicio.
“Un aspecto particularmente preocupante es que, cuando un ciudadano llama para dar seguimiento a una querella ya radicada, en muchos casos LUMA archiva la querella original y genera un nuevo número de querella, lo que provoca pérdida de continuidad en el trámite, dificulta el historial de reclamaciones y retrasa aún más la resolución de los casos”, explicó Hernández Concepción.
