Santo Domingo (República Dominicana).- El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazó para el 18 de junio la audiencia para conocer medida de coerción en contra del propietario del Jet Set, Antonio Espaillat, y su hermana Maribel Espaillat, imputados de homicidio involuntario por el colapso del techo de la discoteca Jet Set, que provocó la muerte de 236 personas y heridas a más de 180.
La audiencia fue convocada para las 11 de la mañana del miércoles 18, según decidió el tribunal para dar tiempo a la defensa de los imputados que analicen las acusaciones.
El Ministerio Público depositó ayer sábado la solicitud de medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat.
En el documento presentado ante el Juzgado de Atención del Distrito Nacional, el órgano persecutor solicitó prisión preventiva para Antonio Espaillat y prisión domiciliaria para Maribel Espaillat.
Asimismo, pidió que el caso sea declarado complejo debido al número de personas fallecidas, un total de 236, y heridas en el trágico incidente.
El equipo de fiscales, encabezado por Emmanuel Ramírez, presentó la solicitud cerca de las 2:00 de la tarde., minutos antes de que venciera el plazo de 48 horas establecido por la Constitución para someter a los detenidos a la justicia.
La audiencia de solicitud de medidas de coerción contra los hermanos Espaillat se conocerá mañana en la tarde.
El Ministerio Público establece que los imputados violaron los tipos penales contemplados y sancionados en los artículos 319 y 320 del Código Penal Dominicano, los cuales castigan el homicidio involuntario, así como golpes y heridas involuntarias.
El desplome del techo del Jet Set se produjo la noche del 8 de abril de este 2025 en el momento en que el cantante Rubby Pérez, quien también falleció, amenizaba una fiesta de merengue junto a su orquesta.
Tras la ocurrencia del hecho en la discoteca ubicada en la plaza El Portal, del Kilómetro 6 de la avenida Independencia, en el Distrito Nacional, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, se presentó al lugar e instruyó a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público para disponer medidas tendentes a desarrollar las investigaciones, incluyendo la protección de la escena y escombros para realizar el peritaje de lugar.
Una vez se terminaron las labores de rescate, el Ministerio Público procedió a preservar los escombros para los fines del peritaje técnico.
En cumplimiento de esa disposición, el director del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), general retirado Juan Manuel Méndez García, una vez terminada las labores de rescate de sobrevivientes y de recuperación de cuerpos de los fallecidos, procedió a entregar la escena al Ministerio Público.
Como parte de la investigación, el equipo del Ministerio Público designó a los peritos Leonardo de Jesús Reyes Madera (ingeniero sismorresistente), Eduardo A. Fierro (presidente de la BFP Engineers) y Máximo José Corominas Quezada (ingeniero patólogo), para que realizaran el estudio técnico sobre las causas del colapso del techo de la edificación del Jet Set Club, propiedad de la entidad comercial Inversiones E y L SRL y regenteado por los hermanos Antonio y Maribel Espaillat López.
Las investigaciones del Ministerio Público determinaron que los hermanos Espaillat López realizaban una operación comercial negligente que ponía en riesgo a cientos de vida, de acuerdo con un comunicado del órgano persecutor.
Los fiscales imputan que durante años el Jet Set Club “operó con una sistemática y grave negligencia en el mantenimiento y adecuación estructural de sus instalaciones, poniendo en riesgo la vida de sus clientes y empleados”.
Ambos imputados además, inobservaron de manera deliberada las normativas de construcción y uso de suelo. Como principales gestores, permitieron y gestionaron la realización de importantes remodelaciones, adecuaciones y ampliaciones en la estructura del Jet Set Club “sin obtener los permisos requeridos ni realizar las evaluaciones estructurales necesarias por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) o la Alcaldía del Distrito Nacional”.
Estas remodelaciones incluyeron la instalación de un escenario, sistemas de iluminación, bares, y zonas VIP, “demostrando una inobservancia total por las leyes de construcción y seguridad”, añaden los fiscales.
Los imputados alteraron de manera significativa la estructura de la discoteca sin supervisión técnica. “La discoteca, originalmente un cine, sufrió un cambio de uso que implicó una adaptación estructural inadecuada”, indican los fiscales.
“Posteriormente, se eliminó una columna clave en la estructura, afectando significativamente la estabilidad del techo, sin ninguna evaluación profesional o permiso que respaldara dicha modificación, evidenciando una conducta de alto riesgo”, señalan.
Además, que los responsables del Jet Set cargaron el techo de la discoteca de manera excesiva y progresiva, con múltiples elementos de gran peso, como casetas técnicas, ductos, unidades de climatización de gran volumen (incluyendo seis aires acondicionados de 15 y 20 toneladas cada uno) y tinacos de agua. Todo esto, “sin realizar ningún estudio que garantizara la capacidad de la estructura para soportar dicho peso”.
Los imputados apelaron a soluciones paliativas inadecuadas solo en interés de ahorrar recursos y siempre tuvieron conocimiento pleno de los problemas del techo. Antonio Espaillat y Maribel Espaillat tuvieron conocimiento directo y constante de los graves problemas que presentaba el techo, “a través de reportes visuales (fotos y videos) y comunicaciones de sus propios empleados. A pesar de estas advertencias explícitas sobre la caída de escombros y el peligro inminente, optaron por ignorarlas”.
Los fiscales establecieron que los ejecutivos de la discoteca subordinaron la seguridad de empleados y clientes a la operación comercial.
“La imputada Maribel Espaillat, con conocimiento de un incidente de caída de escombros horas antes del desplome y ante la petición de suspender la actividad, se negó a hacerlo, alegando la ausencia del imputado Antonio Espaillat López y la imposibilidad de detener la fiesta, priorizando el beneficio económico sobre la seguridad y la vida de las personas”, dicen.
“La cadena de acciones y omisiones de los imputados, incluyendo la falta de permisos, las modificaciones estructurales sin base técnica, la sobrecarga del techo, las ´reparaciones´ deficientes y la desatención a las advertencias de peligro, demuestra un patrón sistemático de irresponsabilidad y negligencia que causó 235 muertes y más de 180 heridos”, señala el Ministerio Público.
Indica que los peritajes técnicos han confirmado hallazgos críticos como la ausencia de una columna esencial, el anclaje deficiente de vigas y la ausencia de muros de mampostería de soporte, que validan las fallas estructurales directamente atribuibles a las acciones y omisiones de la gestión de la discoteca.
El Ministerio Público plantea que recabó evidencias contundentes que demuestran que los hechos del pasado 8 de abril “eran totalmente evitables si los imputados hubiesen actuado conforme a derecho y si hubiesen valorado la vida por encima del dinero”.
Además, que los imputados intimidaron a testigos del proceso “con el objetivo de evitar que aportaran pruebas del proceso que comprometen su responsabilidad penal”.
