San Juan (Puerto Rico).- La practicante del stunt conocido como «wheelie» o acrobacias en motocicletas y four track, Kathia Ayala, favoreció este martes un aumento en las penalidades por realizar esas actividades en las carreteras de forma ilegal, pero recomendó que se trabaje de forma integral con estas conductas para mermar los accidentes.
Ayala opinó que debe trabajarse “abarcando no solo la fiscalización y la sanción, sino también el fortalecimiento de los mecanismos de registro de motoras, un proceso de confiscación que funcione, la creación de espacios adecuados para la práctica de este deporte y unan educación vial que llegue a todos los sectores de la población”.
La practicante del stunt fijó su posición en vista pública ante la Comisión de Transportación e Infraestructura, que preside el representante José “Cheíto” Hernández Concepción, que analiza la Resolución de la Cámara 85, que investiga esas prácticas ilegales de conducción temeraria que se llevan a cabo en las vías públicas para así proponer medidas legislativas y mejorar la seguridad vial.
Indicó que “aunque la resolución menciona la necesidad de sancionar a los infractores, no podemos pasar por alto que muchas de las motoras y cuatrimotos (4 tracks) que participan en estas corridas son vehículos que no están debidamente registrados, por el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP). La falta de un sistema eficiente de registro y la posibilidad de identificar a los vehículos mediante tablillas contribuyen a la impunidad con la que muchos motociclistas se lanzan a las carreteras”.
Ayala sugirió que se debe enmendar la legislación actual para que “en vez de criminalizar estas actividades se promueva la creación de espacios adecuados, como parques o circuitos cerrados, donde los motociclistas puedan practicar y perfeccionar sus habilidades de manera segura y legal”.
Por su lado, tanto Zeny Casillas de Pro-Comunidad Biker PR, como Anthony Maymí, portavoz de Harley-Davidson en Puerto Rico, recomendaron que además del aumento de las penalidades por estas acciones se enmiende la legislación para que se fije responsabilidad a todo concesionario vendedor o distribuidor de este tipo de motoras. Esto independientemente lleve o no tablilla para llevar un control y registro de esta y notificar al DTOP, “ya que muchas veces, si no la mayoría de los casos no hay información de quién es el dueño para que se pueda responsabilizar”.
También, presentaron enmiendas para que, si la persona involucrada es menor de edad, los padres se responsabilicen de los daños que haya causado el menor, que faciliten y promuevan talleres de seguridad en la calles y corridas con la Policía de Puerto Rico.
Además, sugirieron que “toda venta de estos vehículos sea únicamente a personas con licencias de conducir vigente o endoso para motoras, según sea su capacidad exigida por la ley 22 de Tránsito, y dicha información conste en el registro de venta”.
Mientras, Alberto Marini, abogado del Departamento de Asuntos Legales, de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA), expresó que según cifras de la Comisión de Seguridad en el Tránsito desde el 2021 hasta el 2024 ocurrieron 69,660 choques en los que estuvieron envueltas motoras y hubo 272 muertes.
A pesar de estos números registrados, ACAA atendió 509 reclamaciones en 2023 y 499 reclamaciones en 2024 relacionadas con accidentes donde hubo uso de una motora. Esto se debe a que solo esta cifra de personas sí había cumplido con la ley de tener el endoso por parte del DTOP.
Según información revelada por DTOP, tan solo 216 mil motoras están registradas en los récords de esta agencia como lo establece la ley, representando solo el 15 por ciento o 32.400 de los conductores que tienen los endosos requeridos para conducirlas.
