Por Nelson Encarnación
El voto de los dominicanos residentes en el exterior fue una conquista por la que lucharon durante muchos años, luego de los cuales se les reconoció el derecho a elegir al presidente de la República, prerrogativa ampliada con la consagración constitucional del diputado de ultramar a partir de 2010
Es decir, no fue un regalo que los políticos hicieron a nuestros compatriotas allende los mares, sino un reconocimiento tardío a una comunidad cuyos aportes al país no sólo son cuantificables en los cinco o seis mil millones de dólares en remesas que se registran en las cuentas nacionales.
Durante décadas los partidos tuvieron en la diáspora una especie de alcancía, expresada en frecuentes actividades políticas particularmente en Nueva York, no porque les interesara darles participación, sino para recaudar fondos.
Fue en la reforma de 1994 cuando el doctor José Francisco Peña Gómez logró que se incluyese en la Constitución el derecho al voto en el exterior, lo cual vino a hacerse realidad en los comicios de 2004.
En esas elecciones triunfó Leonel Fernández con un 74%, repitiendo la victoria en 2008, esta vez con un 63 por ciento, por lo que pudiéramos decir que en 2010 Leonel devolvió a la diáspora ese apoyo con la inclusión del diputado de ultramar.
Sin embargo, en las dos últimas elecciones presidenciales con el presidente Danilo Medina como candidato, el Partido de la Liberación Dominicana ha recibido dos soberanas palizas, probablemente porque nuestros compatriotas han percibido que el actual jefe del Estado los tiene al menos.
Ahora mismo existe una gran preocupación en las comunidades del exterior, pues perciben que hay una componenda entre el PLD y la Junta Central Electoral tendente a boicotear el voto de ultramar, lo cual sería una estocada a un derecho adquirido con tanta lucha.
La JCE está obligada a garantizar el ejercicio de ese derecho y no hacerle el juego al PLD que no quiere que 500,000 votantes participen en un ambiente donde el Plan Social no puede repartir fundas, Gonzalo Castillo no puede usar a Obras Públicas para asfaltar calles con fines electorales, no puede comprar votos ni intimidar a empleados públicos, directamente o a través de familiares.
El voto en esas condiciones representa un grave riesgo para un partido cuya principal arma electoral es la coacción de diversas maneras, el engaño y la trampa.
El derecho conquistado por la comunidad del exterior no puede ser cercenado por el PLD ni por la JCE bajo alegatos fútiles o con maniobras mal disimuladas.
Los líderes políticos y sociales deben parquear las diferencias propias de los procesos electorales y unirse en la defensa de los derechos adquiridos por los dominicanos del exterior.
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