Los presidentes de República Dominicana, Luis Abinader, de Panamá, Laurentino Cortizo Cohén, y de Costa Rica, Carlos Alvarado Quezada, firmaron una interesante declaración, en el marco de la cumbre la II Cumbre de la Alianza para el Desarrollo en Democracia y de la Corporación Andina para el Desarrollo de Fomento, reiterando la solicitud de la participación de la comunidad internacional para buscar una salida al deterioro de la situación de seguridad, institucional y socioeconómica que impera en Haití.
Por igual, abordaron la problemática que salpica a la República de Nicaragua, una nación que está en la mira de todas las naciones luego de las pasadas elecciones generales que concluyeron con la reelección, por quinta vez, de Daniel Ortega a quien ya califican como otro dictador latinoamericano que tiene encerrados a algunos adversarios políticos.
El evento tuvo su importancia porque se analizaron temas comunes, como renovar el compromiso con el estado de derecho, la democracia, el respeto y promoción de los derechos humanos, la libertad de expresión, además de continuar trabajando con los socios estratégicos de la región en la promoción de esos valores democráticos, conceptos que fueron analizados en la Cumbre por la Democracia convocada a través de un intercambio virtual con el Presidente de Estados Unidos, Joseph Biden.
El asunto haitiano sigue en la agenda de República Dominicana, ahora compartido por Panamá y Costa Rica. Los demás países de América Latina no han demostrado interés y, mucho menos, el conglomerado de países que conforman la infuncional Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La realidad es que nos han dejado solo con el problema haitiano y hasta nos quieren obligar a hacernos cargo de sus desgracias, como son prestar asistencia obligatoria de salud, en especial a las parturientas indocumentadas, y otorgarles la nacionalidad a aquellos hijos de padres haitianos, por el hecho de nacer en el territorio dominicano.
Alegra saber que los gobernantes de Panamá y Costa Rica se unan a los reclamos del presidente Luis Abinader frente al deprimente escenario de Haití, un estado fallido que representa una carga muy pesada para nuestra economía y un peligro porque en cualquier momento se desbordaría por la frontera una entrada masiva e incontrolable de esos extranjeros hacia la parte oriental de la isla.
Hay que admitir, tal como dijo el senador de Pedernales, Dionis Sánchez Carrasco, que nuestra frontera es frágil, que tiene muchos huecos no vigilados, a pesar del despliegue de los 12 mil militares, los drones y las modernas unidades terrestres de acción rápida. Los haitianos indocumentados conocen bien los lugares por donde pueden colarse sin ser vistos por los soldados. Muchos son introducidos por organizaciones que se dedican a la trata de personas en complicidad con algunos militares y funcionarios de Migración que cobran los denominados “peaje”, según las denuncias que circulan en los medios de comunicación y las redes sociales, anomalías admitidas recientemente por el Ministerio de Defensa que afirmó que esos uniformados reciben las sanciones de rigor.
La declaración conjunta de los presidentes insiste, con justa razón, en que países como Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y Francia deben brindar todo el apoyo necesario a la Policía Nacional haitiana, con la inmediatez que amerita la gravedad de la situación, para poner el orden en las calles tomadas por los temerarios delincuentes. Sin embargo, el silencio de esas naciones ha sido la respuesta a estos reclamos. Esa actitud e indiferencia es una muestra de que ese caso no está en su agenda.
Asimismo, los dignatarios hacen un llamado en particular al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Organización Panamericana de la Salud a fortalecer el sistema de salud pública de ese abandonado pueblo, ahora bajo el control de pandillas, violadores y secuestradores temerarios.
Reiteraron la propuesta presentada en la Declaración de Panamá sobre una hoja de ruta para implementar un plan de desarrollo integral para Haití, que incluya la pacificación, la infraestructura, la reforestación y el financiamiento.
Además, sugieren promover una agenda regional orientada a la implementación y seguimiento de acciones conjuntas, para avanzar hacia un sistema robusto, eficiente, transparente y con alta capacidad de gestión.
Se trata de un manifiesto lleno de buenas intenciones y perspectivas concretas que en situaciones tan difíciles deber ser acogido por las demás naciones latinoamericanas. En la unidad y la solidaridad está la fuerza, justo en este momento.
mvolquez@gmail.com
(El autor es periodista residente en Santo Domingo, República Dominicana).
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