Santo Domingo (República Dominicana).- El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Uncef) manifestó este lunes pesar por la muerte del niño Donaly Martínez, de 12 años, en Santiago; y de la adolescente Esmeralda Richiez, de 16 años, en Higüey.
“Desde UNICEF, expresamos nuestra solidaridad con las familias de ambos chicos y nos comprometemos a seguir trabajando arduamente para evitar que estas situaciones se vuelvan a dar”, dijo la doctora Rosa Elcarte, representante del Fondo de la ONU en el país.
Asimismo, llamó a la sociedad y a los medios de comunicación «a respetar, sin juzgar, el duelo de las familias, amigos y sus comunidades; y alertamos de que pronunciamientos que culpabilizan las mismas víctimas o sus familias deben de ser evitados para no provocar sufrimiento adicional en dichas familias”.
En el caso de Donaly Martínez, víctima de un disparo letal hecho por un agente policial, el Fondo que vela por el cuidado de la infancia establece que “la Policía Nacional Dominicana dispone de reglas y de procedimientos sobre las circunstancias en que agentes de la ley deben hacer uso de la fuerza o no”.
UNICEF dijo confiar en las autoridades «para que la investigación sea rápida, imparcial y transparente y con resultados para definir responsabilidades».
Por otro lado, mencionada entidad, hizo referencia al reciente caso de la adolescente asesinada, por cuya muerte fue enviado hoy a prisión el profesor John Kelly Martínez,.
“Dolorosamente frecuente, es el caso de la adolescente Esmeralda Richiez, que murió a causa de una hemorragia por la violencia sexual infligida por un hombre adulto. Las circunstancias no están completamente claras, pero los hechos públicos son sumamente preocupantes”, señaló.
“Estos tristes sucesos se suman a otros ocurridos anteriormente en territorio dominicano, en los que los niños, las niñas y adolescentes son objeto de violencia física, y de abuso y explotación sexual”, enuncia la doctora Elcarte.
La representante de UNICEF aseguró que “en la mayor parte de los casos judicializados, los abusos sexuales son cometidos por conocidos y familiares, que acceden con facilidad al niño, niña o adolescente y aprovechan la confianza nacida de la convivencia”.
“En República Dominicana, de manera triste, hay una excesiva normalización de las relaciones sexuales entre adultos y personas menores de edad, sin tener en cuenta que estas implican en violencia sexual”, asevera la doctora.
Según encuestas en el país, el 65% de las adolescentes entre 15 y 17 años ha sufrido violencia sexual en algún momento de su vida. Uno de los hallazgos más preocupantes es que el 2% de las mujeres jóvenes tuvo un hijo antes de los 15 años, y bajo esta cifra frecuentemente se esconden situaciones de abuso, de incesto y de violencia sexual.
“Todavía hay demasiadas excepciones, atenuantes, excusas y excesivos cuestionamientos a las víctimas y sus familias; no a los agresores, como era de esperar. La disparidad de poder, de conocimientos y de experiencias de vida es de alguna forma equiparada entre el agresor y la víctima, en perjuicio de las personas menores de edad”, repuntan.
En los dos casos coincide que son empleados públicos pertenecientes a un Estado que es garante de los derechos de los niños, quienes han sido los agresores, quienes han causado las muertes, lo que hace más perverso y agravante, estos crímenes.
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