Por Milton Olivo
Gobernar un país nunca ha sido una tarea sencilla. Pero hacerlo en medio de una sucesión de crisis nacionales e internacionales representa un desafío extraordinario. Al evaluar una gestión de gobierno, resulta indispensable analizar no solo las metas alcanzadas, sino también el contexto en que dichas decisiones fueron tomadas.
El presidente Luis Abinader asumió la conducción de la República Dominicana en uno de los momentos más difíciles de la historia reciente. Apenas iniciado su mandato, el país enfrentó la pandemia del COVID-19, una crisis sanitaria global que paralizó la economía, redujo el turismo, afectó el empleo y obligó al Estado a destinar enormes recursos para proteger la vida y la estabilidad social.
Superada la etapa más crítica de la pandemia, el mundo no regresó a la normalidad. La crisis logística internacional, el aumento de los costos del transporte marítimo, la guerra entre Rusia y Ucrania y otros conflictos geopolíticos provocaron incrementos históricos en los precios del petróleo, los fertilizantes, los alimentos y numerosas materias primas. Ninguna economía abierta, como la dominicana, podía permanecer ajena a esos efectos.
A pesar de ese escenario, el país logró mantener estabilidad macroeconómica, preservar la confianza de los inversionistas y continuar creciendo a un ritmo superior al de muchas economías de la región. Ese resultado no fue producto de la casualidad, sino de decisiones económicas orientadas a preservar el equilibrio financiero mientras se protegían los sectores más vulnerables.
Otro aspecto digno de reflexión ha sido el amplio programa de inversiones públicas. En distintas provincias se han ejecutado carreteras, puentes, hospitales, escuelas, sistemas de agua potable, obras hidráulicas, proyectos turísticos e infraestructura destinada a fortalecer la competitividad nacional. Estas inversiones no solo mejoran la calidad de vida de las personas, sino que generan empleos, dinamizan las economías locales y crean condiciones para un desarrollo más sostenible.
Sin embargo, probablemente uno de los rasgos más distintivos de esta administración ha sido la posición asumida frente a la corrupción administrativa.
Durante décadas, una parte importante de la sociedad dominicana reclamó instituciones más fuertes y mayor independencia del sistema de justicia. En esta gestión se ha observado un cambio significativo: investigaciones y procesos judiciales han alcanzado incluso a ex funcionarios y personas vinculadas al propio partido de gobierno, sin que desde el Poder Ejecutivo se perciba una política de protección institucional frente a esos casos.
Más aún, funcionarios señalados por presuntas irregularidades han sido separados de sus cargos mientras las investigaciones avanzan, enviando el mensaje de que el ejercicio de la función pública exige mayores niveles de responsabilidad. Aunque siempre corresponde a los tribunales determinar la culpabilidad o inocencia de cada persona, la adopción de medidas administrativas frente a cuestionamientos relevantes fortalece la credibilidad de las instituciones.
Naturalmente, ningún gobierno está exento de errores. Existen problemas pendientes relacionados con el costo de la vida, la seguridad ciudadana, el transporte, la calidad de algunos servicios públicos y las expectativas económicas de muchas familias. Estos desafíos generan descontento legítimo en sectores de la población y deben seguir siendo objeto de atención permanente.
No obstante, también resulta justo reconocer que muchas de esas dificultades tienen causas que trascienden la voluntad de cualquier gobierno. La inflación internacional, el incremento de los combustibles, las interrupciones en las cadenas de suministro y la incertidumbre geopolítica han afectado prácticamente a todas las economías del mundo.
La ciudadanía tiene el derecho de exigir mejores resultados. Esa es la esencia de la democracia. Pero ese derecho también debe ejercerse con objetividad, distinguiendo entre los problemas originados por decisiones internas y aquellos derivados de circunstancias internacionales que ningún país controla completamente.
La historia suele valorar los gobiernos con una perspectiva más amplia que la discusión política cotidiana. En ese juicio más sereno, probablemente se reconocerá que Luis Abinader gobernó durante una de las etapas más complejas de las últimas décadas y que, aun enfrentando una sucesión de crisis globales, mantuvo la estabilidad institucional, impulsó importantes inversiones públicas, fortaleció la imagen internacional del país y promovió una relación distinta entre el Poder Ejecutivo y la lucha contra la corrupción.
Más allá de simpatías políticas, la democracia se fortalece cuando los aciertos pueden ser reconocidos con la misma honestidad con que se señalan las deficiencias. El análisis equilibrado no debilita el debate público; por el contrario, lo hace más responsable y más útil para la construcción del futuro nacional.
milton.olivo@gmail.com
(El autor es escritor y analista geopolítico residente en Santo Domingo, República Dominicana).
