En siete décadas, siete años y cuatro meses de mi existencia en el planeta que habitamos, nunca había observado en el país tantas inundaciones rurales y urbanas. Las calles, avenidas, caminos vecinales, se inundan con los frecuentes temporales que nos abaten en medio de la precariedad del sistema de desagües, pues nuestros ingenieros construyen al vapor, sin planificación, obras viales millonarias y modernas, torres residenciales, urbanizaciones costosas, pero no toman en cuenta los drenajes para vaciar la cantidad de aguas que caen del cielo.
Ahora llueve más que antes, incluso fuera de las temporadas ciclónicas. No es un secreto que los aguaceros intensos que están impactando nuestros suelos son consecuencia del cambio climático. De ese tema he hablado en varios artículos y lo seguiré tratando porque se trata de una emergencia global que requiere acción inmediata de los líderes mundiales, que concentran más la atención en las guerras, que en ese asunto.
Los aluviones urbanos se eliminan combinando la planificación sostenible, con sistemas de drenaje eficientes, conservación de ecosistemas, preparación comunitaria para reducir riesgos y proteger vidas y bienes. Una de las estrategias más efectivas sugeridas por los expertos consiste en planificar la ciudad considerando las zonas de riesgo.
Esto incluye no construir en áreas propensas a inundaciones, como llanuras aluviales, riberas de ríos y humedales, y diseñar áreas verdes y espacios permeables que absorban el agua de lluvia. Eso lo saben los ingenieros. Creo que no es tarea difícil de hacer.
Continuaremos sufriendo las consecuencias del descuido y la ausencia de políticas estatales efectivas de aplicar medidas preventivas para atenuar los inevitables desastres naturales. En efecto, las lluvias han causado pérdidas económicas significativas en los últimos años, sobre todo en la agricultura.
Los archivos periodísticos indican que desde el 2023, las tormentas tropicales han afectado principalmente zonas densamente pobladas. Estos eventos han puesto a prueba la capacidad de respuesta del país ante fenómenos climáticos extremos, que han generado costos importantes para el Estado y el sector privado.
La madrugada del 8 de abril de 2026, durante unas ocho a diez horas de lluvias continuas, registró el Gran Santo Domingo desbordamientos urbanos, colapso del tránsito y desbordes en zonas vulnerables. Ocurrió lo mismo en algunas provincias. Hay que observar que la eventualidad ha sucedido fuera del período activo de la temporada ciclónica.
Datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), entre agosto y septiembre se concentra el 65.28% de los eventos hidro-meteorológicos reportados entre 1995 y 2024.
En ese mismo período, se contabilizaron 75 eventos, con un promedio de dos por año en la última década. Los aguaceros desplazados en noviembre de 2022 y 2023, sin haber sido sistemas ciclónicos, provocaron riadas urbanas con impactos económicos anuales estimados entre el 0.69% y el 3.3% del producto interno bruto (PIB). El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señala que República Dominicana ha tenido que reconstruir más de 1,000 puentes y vías en los últimos seis años, con una inversión aproximada de US$700 millones debido a daños que afectaron la productividad.
En este contexto, un Informe de Riesgos Globales 2026 del Foro Económico Mundial ubica los fenómenos meteorológicos extremos como el segundo principal peligro para el país en el corto plazo, solo por detrás de las debilidades en servicios públicos y protecciones sociales.
El estudio alerta que, debido a la ubicación en el corredor de huracanes, presentamos una alta vulnerabilidad a los impactos del cambio climático, incluyendo inundaciones de alta intensidad.
Mientras, el Informe de Riesgos Fiscales, del Ministerio de Hacienda, citado por Moody’s (una agencia de calificación de riesgo estadounidense), explica que entre 1961 y 2024 los hechos más severos correspondieron en un 47% a tormentas tropicales y en un 38% a inundaciones. Estas situaciones han tenido efectos directos en viviendas, infraestructura, desplazamientos de población y pérdidas humanas.
Hay un punto que preocupa y que debemos tomar en cuenta: En las ciudades (y es lo más grave destacar), las inundaciones son causadas por el cúmulo de desechos sólidos arrojados en las vías públicas por los ciudadanos desaprensivos, cochinos y sin educación.
Es una perversa cultura que nos afecta. Cuando llueve, el agua busca por dónde desplazarse y arrastra la basura hacia los drenajes, tapándolos, y no tiene espacio para filtrarse. Entonces, surgen las devastaciones y las tragedias humanas. Después, la población impactada y apoyada por líderes políticos irresponsables, culpa de sus desgracias al Estado dominicano.
Por igual, en las localidades rurales se arrojan basuras en las cañadas y zonas vulnerables cercanas a los ríos. Es una conducta que las autoridades deben enfrentar creando conciencia ciudadana a través de los medios de comunicación o redes sociales.
Además, los ayuntamientos deben asumir su cuota de responsabilidad recogiendo el cúmulo de desperdicios sólidos. Estamos a tiempo de corregir esa situación.
Si no actuamos ahora con responsabilidad, las futuras generaciones contemplarán por muchos años un panorama sombrío, con más muertes y destrucciones causadas por los incontrolables aguaceros.
mvolquez@gmail.com
(El autor es periodista residente en Santo Domingo, República Dominicana).
