El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas alertó en un comunicado, del 18 de abril 2025, que la escalada de violencia de las bandas armadas, los desplazamientos, la inestabilidad económica y las interrupciones en la producción de alimentos están provocando un hambre récord en Haití, con millones de personas en riesgo, lo que hace que se disparen las necesidades.
Las principales causas de la actual carestía de alimentos son la subida de los precios y la baja producción agrícola, así como la agitación política, los disturbios civiles, la pobreza extrema y las catástrofes naturales.
La inseguridad alimentaria incluye factores económicos como la inflación, una tasa de cambio volátil, la disminución de las remesas y las malas cosechas por la falta de lluvia. Es lo que dicen los técnicos del órgano hemisférico.
El Programa Mundial de Alimentos cita un informe de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (IPC, siglas en inglés) que proyecta que hasta junio próximo más de la mitad de la población, 5,7 millones de personas, experimentarán ese angustiado cuadro de forma aguda.
De esos 5,7 millones, se prevé “que poco más de dos millones afronte hambre en nivel de emergencia y que 8.400 personas encaren el nivel de catástrofe, el más crítico de inseguridad alimentaria con escasez extrema de alimentos, desnutrición aguda grave y riesgo de inanición”.
Ante ese panorama, el PMA ha extendido sus operaciones en Haití, alcanzando a más de 1,3 millones de ciudadanos en lo que va de año, de estos un millón en marzo, lo que suponen una cifra récord de asistidos en un solo mes, pero advirtió que las necesidades superan los recursos disponibles.
Este 2025, la institución ha suministrado 740.000 comidas calientes a más de 112.000 personas recientemente desplazadas, así como dinero en efectivo para alimentos y apoyo para prevenir la desnutrición infantil, además de haber conseguido acceder a zonas controladas por los grupos armados y entregar alimentos esenciales a comunidades de difícil acceso en Croix-des-Bouquets, Cité Soleil, Lower Delmas y La Saline.
Dada esa circunstancia, la directora del PMA en Haití, Wanja Kaaria, afirmó que el organismo necesita urgentemente 53,7 millones de dólares para continuar asistiendo en esa nación durante los próximos seis meses. ¿Quiénes están dispuestos a transferir ese aporte? Tal parece que los países miembros de la ONU no tienen interés por Haití y las razones las sospechamos.
La realidad de Haití es el reflejo de lo que ocurre en el escenario mundial. Alrededor de 733 millones de personas pasaron hambre en el 2023, lo que equivale a una de cada 11 personas en el mundo y una de cada cinco en África, según el último Informe “El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo (SOFI)”, publicado el 24 de julio de 2024 por organismos especializados de las Naciones Unidas. Si continúa la misma tendencia, se estima que el número de hambrientos superará los 840 millones para el año 2030.
Es mala noticia leer esas cosas. Una persona hambrienta es capaz de robar o matar para sobrevivir. Nada la detendrá, ni los fusiles. El hambre ya se define como pandemia. El clima y los conflictos, son considerados principales causales de la crisis alimentaria mundial.
Naturalmente, el panorama de Haití siempre ha presentado situaciones incómodas para la República Dominicana. El cercano pueblo padece momentos desastrosos, en especial en la zona metropolitana de Puerto Príncipe, en un 85% bajo control de las bandas armadas.
A finales de marzo pasado, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, informó de que al menos 4.239 individuos fueron asesinados y 1.356 heridos entre julio y febrero pasados con armas que llegan ilegalmente del extranjero, no obstante al embargo de armamento impuesto por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Pese a la enviada Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSSM), liderada por la República de Kenia y con el aval de la ONU para reforzar a la policía haitiana, no se han logrado los resultados esperados frente a la violencia, que ha obligado a más de un millón de personas a abandonar sus hogares y convertirse en desplazadas.
Esa dificultad ha incrementado el éxodo masivo de su población hacia otros territorios, siendo el nuestro el más afectado dada la cercanía geográfica con el país más pobre de América Latina.
Es alarmante la incursión masiva de inmigrantes indocumentados a la República Dominicana por lugares no vigilados por los militares. Los soldados del Ejército Nacional a diario reportan el apresamiento de conductores dominicanos transportando esos extranjeros en carros, autobuses, camiones y motocicletas, que son deportados, pero logran retornar. Es un asunto complicado.
Incluso, cientos de ellos han sido descubiertos escondidos en viviendas habilitadas como refugios para luego distribuirlos en las diferentes provincias. Es una prueba de que esa tarea la realizan sujetos organizados que trafican personas indocumentadas, que cuentan con la complicidad de malos dominicanos a quienes les importa un carajo nuestra seguridad y soberanía.
Esa práctica es sancionada por la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas creada por nuestros legisladores el 16 de julio del 2003. La legislación establece condena de 15 a 20 años de prisión a quien incurra “en la facilitación de la entrada, salida, tránsito o paso ilegal de una persona en el país o el extranjero, sin el cumplimiento de los requisitos legales, con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio”.
Solo es asunto de aplicarla con rigor.
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(El autor es periodista residente en Santo Domingo, República Dominicana).
