Los traficantes de personas serán castigados hasta con 40 años de cárcel cuando concurren agravantes específicas, según establece la modificada ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, aprobada por la Cámara de Diputados.
La renovada legislación pasó a la cancha del Poder Ejecutivo para su promulgación u observación.
Esa iniciativa, antes de ser enmendada, contempla que el delito de trata de personas será castigado con penas de 20 a 25 años de reclusión y multas de entre 700 y 1,500 salarios mínimos del sector público y quienes participen como cómplices, se les impondrá entre 15 y 20 años de prisión, cuando las agravantes se han mínimas.
Explica que, en el caso del tráfico ilícito de migrantes, el castigo base para los cómplices será de 10 a 15 años de prisión. Cuando se presentan circunstancias agravantes, las penas pueden escalar y llegar hasta los 40 años de prisión.
Esta Ley, que fue promulgada en el año 2003, tiene por objeto adecuar la tipificación del tráfico ilícito de migrantes y sus delitos conexos, de las circunstancias agravantes de la trata de personas, estableciendo, también penas que sancionen y desincentiven la comisión de estos hechos delictivos mediante la modificación y la inclusión de varios artículos, entre ellos el 2, 3, 6 y el 7.
Entre las agravantes contempladas por la ley se encuentran: la muerte de alguna de las personas objeto del tráfico, daños físicos o psicológicos permanentes a las víctimas y participación de funcionarios en el tráfico.
Además, sanciona los vínculos con crimen organizado nacional o transnacional, uso de tortura o barbarie, falsificación de documentos de identidad o viaje, así como la reincidencia en la conducta delictiva y uso de empresas, agencias de viajes.
La duplicidad de la pena para este delito representa un paso importante para enfrentar a los ciudadanos, civiles, militares o policiales, funcionarios gubernamentales, empresarios agrícolas, involucrados en esa anti patriótica práctica, quienes de forma temeraria continúan traficando con inmigrantes ilegales a través de la frontera dominico-haitiana.
Después que sea promulgada la modificación de esta ordenanza jurídica, por parte del Poder Ejecutivo, solo queda que la justicia haga su trabajo. Por cierto, ya han sido evacuadas varias condenas, lo que indica que es un buen indicio de que existe vocación para combatir esa tarea con todo el rigor jurídico. Los promotores del trasiego de personas, sin excepción, merecen un castigo severo.
Lo mismo aplicaría para los secuestradores, violadores sexuales, matadores de mujeres y narcotraficantes. El nuevo Código Penal Dominicano contempla el castigo para estos delitos.
Hay que aplicar el concepto que dice: «La ley es la ley», sin importar las circunstancias o consecuencias políticas. El respeto al orden legal debe estar por encima de todo. No podemos continuar salpicados del desorden y el caos que por décadas nos afectan.
