El 16 de febrero de año en curso las agencias noticiosas extranjeras publicaron que el gobierno peruano enviaría a la fiscalía una lista de 487 personas, entre ellas la excanciller y la exministra de Salud, que se aprovecharon de sus privilegios y se aplicaron en secreto una vacuna china contra el coronavirus que luego compraron para los trabajadores sanitarios.
“Estas personas que formaron parte de nuestro gobierno faltaron a su deber de servidoras públicas”, dijo el presidente Francisco Sagasti en la televisora pública, y añadió que estaba “furioso” por la actitud de “muchos funcionarios públicos que se aprovecharon de su posición”.
La noticia no debe sorprender, pues era previsible que eso iba a ocurrir en cualquier parte del mundo. Era una crónica anunciada.
Lo advertí en mi artículo de fecha 31 de enero 2021, bajo el título “Ciberdelincuentes y nacionalismo de las vacunas”, cuando comentaba una declaración del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, que comentaba que los países ricos han ignorado las necesidades de las naciones menos desarrolladas al comprar las vacunas anti coronavirus. Destacó que la pandemia ha puesto de relieve “graves lagunas en la cooperación y la solidaridad” para hacer frente al letal fenómeno.
Dijo que en ese proceso había fragilidades, desigualdades e injusticia que ha expuesto la enfermedad que, según sus observaciones, ha empujado a 88 millones de personas a la pobreza y puesto a más de 270 millones en riesgo de inseguridad alimentaria aguda, al tiempo que aumenta la pobreza extrema, se cierne sobre la humanidad, sobre todo la que reside en los países en vía de desarrollo, la amenaza de la hambruna.
Una semana después de lo declarado por Guterres, los medios internacionales divulgaron la información de que “la vacunación contra la covid-19 en América Latina avanza de forma desigual, y si bien la caída en los contagios registrada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) es una buena noticia, no lo es tanto para países en los que, hasta este viernes, ni siquiera ha llegado la primera dosis”.
Al momento de escribir este artículo, en el mundo se han registrado 110 millones de casos positivos del coronavirus y 2.44 millones de fallecimientos, con una curva descendente de ambas cifras, pero con una gran preocupación por aquellos países en donde no se ha iniciado la inoculación con cualquiera de las vacunas ya autorizadas.
Es un problema de desesperación colectiva en la región latinoamericana debido a las debilidades presupuestarias de los gobiernos para adquirir la cantidad de dosis requeridas de cara a combatir la enfermedad. Las naciones ricas no tienen esa dificultad, de manera que hay una evidente desventaja social.
Otros detalles que llaman la atención de los medios de comunicación son los siguientes:
En ese conjunto de países hay subdivisiones. En Uruguay, por ejemplo, aún no hay certeza de la llegada de los 3,8 millones de dosis de Pfizer y Sinovac (además de los 1,5 millones de dosis que ya tiene aseguradas del mecanismo Covax), pero el hecho de tener contratos firmados le da cierta garantía al Gobierno de comenzar a vacunar al menos al 3 % de su población desde marzo.
No es el caso de Nicaragua, donde hasta el momento no se ha informado sobre avances en negociaciones con laboratorio alguno y es muy probable que el Gobierno de Daniel Ortega esté esperando el envío de los compuestos de Covax, que podrían no llegar hasta junio.
El Gobierno nicaragüense también ha dado a entender que espera la llegada de los antídotos de Sputnik V desde Rusia, pero tampoco ha dado fechas para ello.
Aunque en Guatemala y Honduras también esperan con ansias los compuestos de Covax, mecanismo liderado por la OMS, al parecer han hecho negociaciones para que les lleguen dosis de laboratorios como Pfizer y AstraZeneca.
El resto de Centroamérica está vacunando, pero la Organización Mundial de la Salud ya ha advertido que la Covid-19 se puede volver más agresiva si no se ataca de manera uniforme en contextos regionales.
Los esfuerzos de Panamá, Costa Rica y El Salvador se podrían venir abajo si Nicaragua, Guatemala y Honduras no toman más temprano el tren de la vacunación, una preocupación que llevó al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) a anunciar que apoyará a Centroamérica y República Dominicana con hasta 800 millones de dólares para comprar inmunizantes.
El caso de Cuba es aparte. La isla ha decidido desarrollar su propia vacuna y ya hay cuatro candidatas que están en fase 2 de ensayos clínicos. Además, Cuba no está suscrita a Covax, por lo que no recibirá vacunas de la Organización Mundial de la Salud.
Acaparamiento, mercado especulativo y falsificación de las vacunas están ensombreciendo el crucial reto que tiene la humanidad de salir a tiempo de la pandemia del coronavirus.
Las naciones más poderosas acumulan más de mil millones de dosis de las que necesitan para vacunar doblemente a sus ciudadanos, mientras las menos favorecidas las buscan con legítimo apremio.
Este fenómeno está propiciando una especie de mercado negro que ofrece a los países más desesperados por adquirirlas ciertos lotes de supuestas vacunas originales, pero a precios onerosos.
Y, en el ínterin, ya se están dando casos en algunos países en que los avivatos de siempre falsifican vacunas para aprovecharse de las urgencias de pacientes que se las quieren aplicar.
Estos movimientos especulativos han dado lugar a peligrosos retrasos en las entregas de vacunas ya contratadas y pagadas por adelantado por muchos países.
Sabemos que la República Dominicana eludió caer en el gancho del mercado negro, rechazando ofertas de supuestos intermediarios, y que para no dilatarse en el proceso tuvo que comprar vacunas en China y a otros laboratorios. (Hasta aquí las publicaciones comentadas).
Pienso que es indetenible (no aceptable) el hecho de que algunos funcionarios, empresarios y otros sectores de poder en América Latina se vacunarán en secreto. Lo repudiable es que se inoculen con las dosis compradas por los gobiernos. Es cuestión de un oportunismo perverso y un proceso de desigualdad de alta gama social.
En lo todos estamos de acuerdo es que los gobiernos pobres se sacrificarán a cualquier costo y enfrentarán las dificultades para salvar las vidas de sus ciudadanos ante este escenario pandémico.
mvolquez@gmail.com
(El autor es periodista residente en Santo Domingo, República Dominicana).
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